Por primera vez en lo que va de legislatura el Congreso consiguió ayer anular un veto del Gobierno a una iniciativa de la oposición. La Mesa levantó el bloqueo a la proposición de ley de Unidos Podemos de reforma de la regla de gasto. Se trata de una propuesta para que los ayuntamientos saneados, que cumplen con el objetivo de déficit y pagan a sus proveedores, puedan invertir su superávit. El caso más llamativo es la intervención del consistorio de Madrid por parte del Ministerio de Hacienda.
La decisión es sustantiva porque supone un revés al Gobierno, que mantiene amordazado al Congreso a través de su capacidad para vetar las medidas que supongan un incremento del gasto o un descenso de los ingresos previstos en el Presupuesto. Con esta táctica, Mariano Rajoy ha enviado al cajón 44 iniciativas de la oposición, que hasta ahora se había quejado sin suerte.
El Ejecutivo jugaba con el cronómetro. La semana anterior había conseguido vetar la propuesta socialista de aumento de pensiones de viudedad presentando el veto a solo 26 segundos del tiempo límite. Esta vez presentó su escrito cuatro minutos tarde. Los letrados de la Cámara baja advirtieron de que admitir el bloqueo implicaba prevaricación, de modo que la Mesa la tumbó. Fue un jarro de agua fría para Hacienda, pero no es menos cierto que el Gobierno tiene aún margen para frenar la iniciativa.
La reforma de la regla de gasto llega al Congreso en dos propuestas. La primera, del PSOE, es simbólica y la casualidad quiso que se debatiera ayer al poco de conocerse la decisión de la Mesa. El debate evidenció que hay mayoría para reformar el corsé que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, impone a los ayuntamientos. «Lo único que ustedes buscan señores del PP interviniendo ayuntamientos es evitar que demostremos que podemos gobernar», censuró la portavoz morada Irene Montero. La segunda, es la proposición de ley de Podemos, con implicaciones legislativas, que llegará a pleno ya el año que viene.
El calendario quedará paralizado en breve por el puente de la Constitución, las vacaciones de Navidad y un mes de enero que es inhábil en el Parlamento.
La toma en consideración llegará al pleno como pronto en febrero. Cuando pase a comisión, el PP puede eternizar el plazo de enmiendas con sucesivas ampliaciones, como ya hace en otras tantas iniciativas, y, además, el Gobierno tiene la posibilidad de establecer un nuevo veto en ese trámite, denominado escrito de no conformidad.
El secretario de Estado de Relación con las Cortes, José Luis Ayllón, abonó esta posibilidad y recordó que además el Gobierno puede modificar el proyecto en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Con las maniobras de dilación la iniciativa podría no encarar su recta final hasta principios de 2019, a las puertas de las elecciones autonómicas y municipales, cuando incluso el Gobierno podría repensar la conveniencia de mantener la regla de gasto.
