La actitud de los díscolos del PP en Galicia ha despertado la antipatía de un importante sector de diputados, entre los que destaca el consejero de Pesca de Manuel Fraga. Enrique López Veiga deslizó ayer acusaciones de corrupción contra los diputados rebeldes, de quienes denunció que actúan por "motivos personales, no ideológicos". En la política, sentenció, se está "para servir, y no para enriquecerse".

"Los que no hemos sufrido un notable incremento de nuestro patrimonio en paralelo a nuestra actividad política estamos muy tranquilos. Hay otros que no", aseguró López Veiga en alusión a José Cuiña, antiguo delfín de Fraga, que vio cómo los negocios de su familia crecían espectacularmente durante su etapa como consejero de Obras Públicas de la Xunta gallega.

Es tan fuerte la presión del partido para que los díscolos depongan su actitud que el cabecilla rebelde, José Luis Baltar, empieza a albergar dudas sobre el órdago que ha lanzado a Fraga. El líder del PP en Ourense aseguró ayer que sin el apoyo de los alcaldes deberá "dar marcha atrás" en su amenaza de provocar una escisión en el partido. El PP, con todo, pidió ayer la inclusión de Fraga en la Diputación Permanente del Parlamento gallego para que conserve la condición de diputado si al fin decide adelantar las elecciones.

OTRA CRISIS Por si a Mariano Rajoy no le bastara con la crisis gallega, ayer, a sólo 48 horas del 15º congreso del PP, la dirección del partido en Guadalajara expulsó a siete de sus 11 diputados provinciales, que conservarán los cargos como parlamentarios no adscritos. Tras los malos resultados del PP alcarreño en las municipales del 2003 y las generales de marzo, este grupo, encabezado por Carlos Moreno, criticó la estrategia de la cúpula y destituyó al presidente del Grupo Popular en la diputación provincial, Juan Antonio de las Heras. Rajoy se lamentó ayer: "Nada es fácil en esta vida".