Los 12 magistrados del Tribunal Constitucional analizan desde la pasada semana la impugnación presentada por el Gobierno contra el plan Ibarretxe. El debate aún no ha llegado al pleno, pero fuentes del tribunal aseguran que hay un consenso inicial favorable a la admisión parcial del recurso. La mayoría de magistrados apuesta por bloquear la tramitación parlamentaria del proyecto sin invalidar la decisión del Gobierno vasco de remitirlo a la Cámara de Vitoria.

El 13 de noviembre, el ministro de Justicia, José María Michavila, presentó la impugnación de la Abogacía del Estado contra la reforma estatutaria impulsada por el lendakari, Juan José Ibarretxe. El recurso instaba al Constitucional a suspender dos disposiciones relativas al plan Ibarretxe: la aprobación por el Gobierno vasco de la Propuesta de Estatuto Político para la Comunidad de Euskadi, el 25 de octubre, y la calificación del proyecto de ley por la Mesa del Parlamento de Vitoria, el 4 de noviembre.

En su escrito, el abogado del Estado reclama al Constitucional que suspenda y declare nulos ambos acuerdos por entender que el proyecto de ley constituye un reforma encubierta de la Carta Magna que, además, burla los procedimientos previstos para tal modificación. Aunque la impugnación se dirige contra un mero proyecto de ley, carente de validez legal, Michavila asegura que, en virtud del artículo 161.2 de la Constitución, el Gobierno está legitimado para recurrir cualquier acuerdo de un órgano autonómico.

PRECEDENTE PELIGROSO No es ése el criterio de una parte de los magistrados del Constitucional, para quienes admitir a trámite el recurso íntegro sentaría un peligroso precedente. Sostienen que, de convertirse en doctrina la tesis del ministro, el Ejecutivo podría impugnar cualquier iniciativa adoptada por un Gobierno autonómico, lo que equivaldría a resucitar el derogado recurso previo de inconstitucionalidad. Reforma legal que, por lo demás, el PP baraja incluir en su programa electoral.

BUSCAR LA UNANIMIDAD Conscientes de la trascendencia política de su decisión, los magistrados quieren trabajar para que el acuerdo sea unánime. Su temor, compartido por Michavila, es que el fallo se apruebe con votos particulares, porque daría argumentos a Ibarretxe para acusar al tribunal de subordinación al Ejecutivo central.

Para evitar el disenso, las fuentes consultadas adelantan que el Constitucional renunciará a anular el acuerdo del Gobierno vasco y suspenderá la admisión del proyecto en la Mesa del Parlamento vasco. Desde el tribunal se resalta que esta disposición sí tiene efectos jurídicos, ya que supone iniciar la tramitación parlamentaria del plan Ibarretxe.

Con su presidente, Manuel Jiménez de Parga, al frente, los magistrados confían en que la admisión parcial del recurso satisfaga al Gobierno, que logrará su objetivo de abortar el plan Ibarretxe, sin deteriorar la imagen del Constitucional.