El Tribunal Constitucional suspendió ayer varias resoluciones del Parlamento catalán aprobadas en julio, entre ellas la que defiende el derecho de autodeterminación y la que reprueba al Rey. Además, los magistrados advirtieron al presidente de la Cámara, Roger Torrent, y a sus compañeros de la Mesa de que desobedecer esta prohibición podría acarrearles consecuencias penales. Los partidos independentistas reaccionaron con indignación al anuncio.
Como se está convirtiendo en costumbre con los recursos relacionados con el procés que llegan al TC, los 12 magistrados que lo componen decidieron por unanimidad admitir a trámite los incidentes de ejecución de sentencia presentados por el Gobierno de Pedro Sánchez. La admisión de la iniciativa del Ejecutivo significa la suspensión de los incisos impugnados.
El Gobierno, que pese a los meses transcurridos anunció el viernes pasado esta impugnación, también recurrirá la que insiste en la autodeterminación y pide expulsar a la Guardia Civil de Cataluña, aprobada en el debate de política general de hace dos semanas. Pero en el caso que ayer abordó el TC el Gobierno optó por no presentar nuevos recursos, sino alegar que se habían incumplido sentencias anteriores relacionadas con el procés, como la que suspendía la declaración soberanista del 2015.
El Constitucional, como pidió el Ejecutivo, notificó «personalmente» su decisión a Torrent, al secretario general de la Cámara, Xavier Muro, y al resto de miembros de la Mesa. A todos ellos se les advierte de su «obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir».
Hubo advertencias similares a la Mesa del Parlament cuando la presidía Carme Forcadell, y al propio Torrent al principio de esta legislatura, cuando se admitió el recurso contra la ley que pretendía la investidura a distancia de Carles Puigdemont.
En las providencias notificadas ayer, el TC requiere a los miembros de la Mesa para que sean conscientes de «su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la sentencia del Constitucional» del 2015 o cualquier otra.
JxCat, ERC y la CUP consideraron la decisión un intento de limitar la libertad de expresión. «En el Parlament se tiene que poder hablar de todo lo que interesa a la ciudadanía, no solo de lo que le gusta al Gobierno español», apuntó el presidente del Parlament. Torrent añadió que seguirá defendiendo la libertad de expresión de los diputados.
Los representantes de JxCat en la Mesa, Josep Costa y Eusebi Campdepadrós, comunicaron al funcionario que les llevaba la notificación «ilegítima» que no la recogerían ni la firmarían. «Nadie niega el derecho del Constitucional de anular las resoluciones del Parlament, pero no tiene derecho a la censura previa», afirmó Costa. «Lo que nos notifica el TC no está en ninguna ley, sino que se desprende de la petición del Gobierno español, en los términos que se inventó el Gobierno anterior y que ha heredado este», añadió.
El presidente de la Cámara también cargó contra el PSOE. «Sánchez tiene la misma consideración por el parlamentarismo que Rajoy», aseguró Torrent, tras instar al presidente del Gobierno en funciones a hacer política en lugar de censurar lo que se opina en el Parlament: «Aquí no se puede hablar sobre la monarquía, pero hay otros Parlamentos en los que se puede pedir que se aplique el 155 en Cataluña y, es más, cuentan con el voto del PSOE».
La CUP, que presentó el texto reprobatorio contra Felipe VI, se puso a disposición de la Mesa para entrar en ella y asumir «las responsabilidades que hagan falta». «Si es necesario reprobar de nuevo al Rey o ratificar el derecho a la autodeterminación, no nos condicionará en nada el requerimiento del TC, todo lo contrario», advirtió Maria Sirvent.
La diputada anticapitalista llamó a la movilización y la desobediencia.
