Nuevos deberes. El magistrado progresista Pablo Pérez Tremps deberá volver a redactar la resolución en la que se acepta apartar a la presidenta y al vicepresidente del Tribunal Constitucional (TC), Maria Emilia Casas y Guillermo Jiménez, del debate sobre la continuidad en sus cargos. El sector conservador quiere que el texto blinde a dos de sus miembros ante una posible recusación por parte del Gobierno.

Los magistrados conservadores ganaron el pasado 24 de septiembre, con el voto de calidad del presidente en funciones, Vicente Conde, una votación que aceptaba que Casas se abstuviera a la hora de resolver un recurso del PP que le afectaba directamente. Los populares habían recurrido la reforma de la ley del propio TC aprobada en el Congreso, que, entre otras cosas, prolonga el mandato del presidente del tribunal hasta que este cesa como juez del mismo. Con esta medida, el sector progresista, empatado con el conservador en número de magistrados, se aseguraba el voto de calidad de la presidenta en un debate como el recurso del Partido Popular contra el Estatuto catalán.

Casas y Jiménez, vicepresidente del tribunal (conservador), decidieron abstenerse por considerar que el debate les afectaba personalmente. De esta manera, los dos grupos perdían un magistrado, pero el voto de calidad pasaba a los conservadores al recaer la presidencia provisional del alto tribunal en Conde.

DIRECTRICES CONSERVADORAS Al vencer en la votación el sector conservador, el progresista Pérez Tremps quedó encargado de recoger los argumentos del pleno para que fueran debatidos ayer. Sin embargo, la reunión se aplazó para que el magistrado incorpore "las directrices" de los conservadores, posiblemente en esta misma semana.

Los magistrados progresistas eran partidarios de rechazar la abstención de su presidenta por entender que no estaba afectada para resolver ese recurso. "Aceptar esa tesis impediría al Constitucional dirimir si las leyes que afectan a su organización o a otros jueces son constitucionales", explican.

Sin embargo, el sector conservador quiere evitar a toda costa que prosperen las recusaciones del Gobierno contra los magistrados Roberto García Calvo y Jorge Rodríguez Zapata. Ambos habían reconocido por escrito que estaban en contra de que Casas continuara como presidenta hasta diciembre, antes de que la cuestión hubiera llegado al Constitucional. Esto sería motivo para pedir la inhabilitación, ya que habrían opinado sobre la cuestión antes del recurso.