A la mayoría de miembros del Tribunal Constitucional no les ha hecho ni pizca de gracia que el PP haya involucrado a la institución en su partidista batalla contra el Gobierno a cuenta del Estatuto catalán. Aunque con el farragoso lenguaje jurídico que puebla las resoluciones judiciales, los magistrados reprenden al partido de Mariano Rajoy por haber querido "desvirtuar claramente" el proceso de amparo, al reclamar al tribunal que ejerza una competencia de control previo de constitucionalidad "que de ninguna manera tiene".
El pleno del Tribunal Constitucional hizo pública ayer la sentencia en la que rechaza por siete votos a cinco el recurso de amparo interpuesto, el pasado noviembre, por el PP contra la tramitación en el Congreso del Estatut. La demanda del PP alegaba que se cometía un "fraude constitucional" al ordenar la tramitación como una mera reforma estatutaria y no como una reforma de la Carta Magna.
El tribunal sostiene que es "obvio" que la propuesta de reforma aún no puede ser "objeto de un juicio de constitucionalidad". Este resulta prematuro, "pues la inconstitucionalidad únicamente puede predicarse de las normas, no de las iniciativas parlamentarias". Añade que "sólo podrá enjuiciar el contenido" del Estatut tras su aprobación.
ACTUACION CORRECTA Además, rechaza que la tramitación del Estatut por parte del Congreso viole la igualdad de los parlamentarios populares, como denunciaba el PP, y considera que la Mesa del Congreso actuó sin "ninguna tacha".
La Mesa de la Cámara baja, subraya la sentencia, "se ha atenido a los límites constitucional y reglamentariamente establecidos" al tramitar la reforma como modificación estatutaria, tal y como se hizo con el plan Ibarretxe y el Estatuto de Valencia, y agrega que el órgano del Congreso no tenía capacidad para tramitar el proyecto como reforma de la Carta Magna.
