El presidente de la COPE, Alfonso Coronel de Palma, acudió el pasado jueves a la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE) para hablar de Federico Jiménez Losantos. Tres semanas antes, la cadena le había comunicado al polémico locutor su decisión de trasladarlo de su actual horario matinal, el de mayor repercusión, a un programa vespertino junto a otro controvertido periodista, César Vidal, así que Coronel se presentó ante el pleno del episcopado, formado por más de 80 obispos, y explicó el porqué de la degradación, o expulsión encubierta, a Losantos. Según fuentes próximas a varios asistentes a la reunión, el dirigente de la cadena propiedad de la Iglesia reconoció dos cosas: que el correctivo debería haberse llevado a cabo antes y que el locutor, condenado varias veces por injurias, actuaba más como una especie de telepredicador que como profesional del periodismo.
La cadena ha recurrido a la medida para forzar la marcha de Losantos --algo que sopesa ahora mismo, como él mismo ha reconocido-- y evitar pagarle la costosa indemnización a la que tendría derecho si fuera despedido.
Los obispos estuvieron de acuerdo con la medida. Hasta ahora, su presidente, el cardenal Antonio María Rouco Varela, ejercía de defensor del locutor. Sin embargo, al criticar y ridiculizar a personajes tan importantes en la jerarquía eclesiástica como el arzobispo de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistach, o el nuncio del Vaticano en España, Manuel Monteiro de Castro, Losantos había tensado la cuerda en exceso.
La prueba está en la nota que ayer distribuyó la CEE, tras la conclusión de su asamblea plenaria, que comenzó el lunes. "El presidente de la cadena ha presentado un informe sobre los acuerdos adoptados en las semanas pasadas --reza el texto--. La dirección de COPE, a quien corresponde la responsabilidad de la toma de decisiones en la empresa, cuenta con la confianza de la Conferencia Episcopal como accionista mayoritario".
