Corinna zu Sayn-Wittgenstein sostuvo ayer ante el fiscal Anticorrupción Luis Pastor, que se trasladó a Londres para interrogarla como testigo en Londres por la grabación de la conversación que mantuvo con el excomisario José Manuel Villarejo, que ella «no tuvo ningún tipo de participación en el acuerdo del AVE» y que lo que contó al principal imputado del caso Tándem lo había conocido por terceros.

De esta forma, la que fuese amante del Rey emérito dice estar «muy complacida» de poder colaborar con la justicia española, pero resta trascendencia a su conocimiento de los graves hechos que atribuyó a Juan Carlos I. Además del cobro de comisiones por la construcción del AVE en la Meca, aseguró que había puesto a nombre de ella un terreno en Marruecos, no porque la «quiera mucho», sino por su condición de residente en Mónaco, y dijo que disponía cuentas bancarias en Suiza a nombre de un familiar o con identidades ficticias.

En un comunicado, el abogado de la princesa, Robin Rathmell, señala que «acusaciones serias en los medios sobre los negocios financieros del Rey emérito han existido por décadas» y considera «evidente» que una investigación completa por el supuesto pago de comisiones en Arabia Saudí «debe ir mucho más allá de los pocos hechos que ella conoce».

La nota concluye advirtiendo que responderá con acciones legales a «cualquier intento posterior por parte de personas en España que busquen utilizarla como chivo expiatorio para restar importancia a sus propias acciones indebidas».

INVESTIGACIÓN ABIERTA / Anticorrupción abrió diligencias por los delitos de corrupción en transacciones financieras internacionales y cohecho, el pasado diciembre, para investigar el supuesto pago de comisiones del que habla Corinna Larsen en la grabación intervenida en el despacho del socio de Villarejo, Rafael Redondo, en noviembre de 2017 en la causa en la que se investigan las cloacas policiales. En el audio se oía a Zu Sayun-Wittgesntein relatar «espontáneamente» a Villarejo la supuestas irregularidades del Rey emérito.

La investigación comenzó dos meses después de que el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea diera carpetazo a la pieza abierta tras conocerse la conversación. Se basó en el informe de Anticorrupción, que eximía a Juan Carlos de cualquier responsabilidad penal, por la inviolabilidad de la que disfrutan los jefes de Estado y ser los indicios contra él «extremadamente débiles».