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CASO GÜRTEL

Correa declara al juez que "si quería cobrar" del PP debía facturar a empresarios

El empresario identifica a Ricardo Costa como quién les pidió que facturaran a las sociedades. Nueve empresarios admiten ante el juez que pagaron los gastos electorales del PPCV en 2007 y 2008

 

Correa declara al juez que 'si quería cobrar' del PP debía facturar a empresarios - EL PERIÓDICO

ÁNGELES VÁZQUEZ
16/01/2018

El empresario y principal imputado en el 'caso Gürtel' Francisco Correa declaró este martes ante el juez central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, que desde el PP se le indicó que si quería cobrar los servicios que Orange Market hacía al partido en Valencia tenía que facturarlos a los empresarios que se sientan con él en el banquillo. A preguntas del abogado del Estado, a regañadientes admitió que el que era secretario general del partido en Valencia, Ricardo Costa, fue quien les pidió la facturación irregular.

Por un momento pareció que Correa se iba a quitar de enmedio en el juicio por la financiación ilegal del PP valenciano. Contestó con un "en Valencia no conozco a nadie. En Madrid a todo el mundo" y solo admitió haber hablado en una ocasión con Ricardo Costa. Y de pronto dio un giro y admitió el grueso de la acusación fiscal. Que Orange Market se creó a propuesta del que era presidente valenciano, Francisco Camps, para seguir haciendo allí el trabajo que hasta entonces hacía en Madrid.  

Explicó, como ya dijo en el juicio de la primera época de la Gürtel, que concluyó en noviembre, que Camps había conocido al también acusado Álvaro Pérez, el Bigotes, a través de Alejandro Agag, yerno del expresidente del Gobierno José María Aznar.

"Organizábamos las campañas electorales y todo tipo de eventos", aseguró Correa. Para explicar que a través de su mano derecha, el también acusado, Pablo Crespo, supo que desde el PP se les indicó que "si querían cobrar tenían que hacerlo así", a través de facturas a empresarios. "Imagino que como los empresarios que se han sentado aquí, que si querían cobrar y querían tener contratos de obra" de la Generalitat, "tenían que hacerlo así", aseguró.

Correa pidió disculpas al tribunal por el tono que utilizó en algún momento y que atribuyó a que "le habían pedido que fuera contundente". El magistrado le contestó que mientras fuera "veraz, podía incluso elevar el tono" y que tomara un sorbo de la cola que le había traído su abogado. Correa continuó diciendo que, pese a lo mantenido por los medios, a la Generalitat valenciana solo le hizo cuatro trabajos en seis años; para el PP, "todo". Añadió que él era el responsable de la caja b de sus empresas.

Fue a preguntas del abogado del Estado Edmundo Bal, más incisivo en su interrogatoria que la fiscal Myriam Segura, cuando Correa admitió que Pablo Crespo le había dicho que Costa era quien les pidió la facturación de los servicios que habían prestado al partido a los empresarios que les indicaban. 

Ratificación de los empresarios
Previamente los nueve empresarios acusados de delitos electorales y falsedad documental por haber financiado irregularmente al PP valenciano fueron admitiendo ante el juez Vázquez Honrubia, que pagaron facturas del partido durante las campañas electorales de 2007 y 2008.

A todos ellos, la fiscala Anticorrupción les cambió la petición inicial de entre cuatro y seis años de cárcel a distintas multas, según el acuerdo alcanzado con ellos el pasado mes de febrero, cuando hicieron público el comunicado en el que admitían haber pagado al PP.

El primero en comparecer ante el juez que sentenciará la financiación ilegal del PP valenciano fue Gabriel Alberto Batalla, quien admitió que para conseguir un "mayor despliegue en el proceso electoral, los acusados del PP contrataron a Orange Market servicios de forma irregular", que no quedaron reflejados en la contabilidad. Se trataba de mítines y de comunicación electoral y publicidad.

Esos gastos fueron abonados por "grupos empresariales que no podía hacer donaciones al partido por tener contratos con la Generalitat". Ellos se ocuparon de materializar los pagos a Orange Market a los que debía haber hecho frente el Partido Popular valenciano.

Según la fiscala, el total de los servicios prestados en 2007 por Orange Market fue 1.131.259 euros, de los que solo se facturaron 623.208. Mientras que en 2008 los servicios prestados por la compañía valenciana de la trama Gürtel fueron 1.432.544, de los que no se facturaron 918.012 euros.