El azar del calendario quiere que el Día internacional contra la corrupción llegue el día después del aniversario de Fèlix Millet, que este jueves celebra fuera de prisión su 81 cumpleaños mientras espera que el próximo marzo empiece el juicio del 'caso Palau', un escándalo que se destapó en el 2009 y que salpicó a Convergència por su presunta financiación irregular a través de fondos saqueados por los exdirigentes de la institución musical. La corrupción, que ya se denunciaba en el Lazarillo de Tormes en el siglo XVI, se ha convertido desde el 2013 en la segunda gran preocupación de los españoles en todos los barómetros del CIS, solo superada por el paro. Los ciudadanos se quejan continuamente de esta lacra que carcome las instituciones. Pero la pregunta es si al final, a la hora de votar, esta supone o no un peaje político para los partidos que la consienten.
Carlos Fabra, siempre perseguido por los líos judiciales y al que el 'New York Times' puso como paradigma de la corrupción en España, sentenció en el 2007 que había sido “absuelto por el pueblo” después de que el PP arrasara en las elecciones municipales.Mariano Rajoy, a pesar de la catarata de escándalos que salpicaron al PP entre las elecciones del 20-D y del 26-J (con la Comunidad Valenciana de Fabra como epicentro), sigue en la Moncloa después de mejorar resultados en las últimas generales. El PSOE, pese al 'caso ERE', continúa gobernando Andalucía. Y en Catalunya, Convergència permanece en la Generalitat pese a las sospechas de financiación ilegal del partido y a los escándalos judiciales que acosan al clan Pujol.
LA "CURVA DE INDIFERENCIA"
"La corrupción no penaliza excesivamente a la hora de votar", sentencia Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España. "Parece claro que la ciudadanía aborrece totalmente la corrupción y somos menos laxos de lo que éramos en este aspecto, especialmente las nuevas generaciones. Sigue siendo la segunda preocupación de los ciudadanos, pero la indignación se diluye a la hora de votar", reflexiona. El problema, como él señala, es que la mancha acaba salpicando a todos los políticos en general. "La gente está muy quemada por la corrupción y lo extienden a toda la clase política. A pesar de que haya partidos que tienen más corruptos, se extiende la idea de que todos son iguales, unos corruptos, unos golfos". El también catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid sostiene que esa "curva de indiferencia" en torno a esta cuestión lleva a los electores a no tenerla suficientemente en cuenta cuando acuden a las urnas.
En el barómetro del 2016 de Transparencia Internacional, realizado a partir de 60.000 entrevistas en 42 países, solo Moldavia supera (y por muy poco) a España en la percepción ciudadana de la corrupción como uno de los tres principales problemas del país. Los barómetros del CIS también plasman la irritación creciente en esta materia. La avalancha de escándalos ha hecho que la preocupación social se dispare. El 'caso Gürtel' marcó el inicio de una escalada en la preocupación por la corrupción, que se ha agravado en el último trienio con los escándalos como el caso Bárcenas, el 'caso Nóos' o las operaciones Púnica, Pretoria y Taula.
2014, INICIO DE UN LEVE CAMBIO
"Hasta el 2011 gran parte de los escándalos que vivimos hoy en día ya estaban llenando portadas, pero los estudios de ciencia política mostraban que no significaban un castigo electoral como se podía espera a priori", recuerda el politólogo Lluís Orriols, que considera que en el último lustro ha habido un cambio significativo. "En los últimos años, sobre todo desde el 2014, ha cambiado un poquito el comportamiento de los ciudadanos. La percepción de que hay mucha corrupción en España sigue siendo tan fuerte como antes, pero el cambio ha sido que ha empezado a haber algunos cambios estructurales". Profesor de ciencia política de la Universidad Carlos III de Madrid, Orriols pone como ejemplo la fuerte sacudida electoral que sufrió el PP el 20-D, cuando perdió 63 diputados.
"Ese castigo electoral tan severo y que casi le cuesta la presidencia a Rajoy tiene una explicación en la corrupción", sostiene. En el 26-J mejoró los resultados, algo que Orriols atribuye a que los electores aparcaron las corrupción para tener cuenta otros factores. "No había sensación de que se estaba juzgando a un Gobierno, sino que se juzgaba un nuevo estilo de política y un escenario en el que se tenía que tener en cuentas los pactos poselectorales". Como dijo Rajoy en el Congreso hace dos años, "nadie puede garantizar que la corrupción desaparezca", pero si los políticos no consiguen poner medidas para combatirla y perseguir a los corruptos pueden perder la menguante confianza que les tiene la ciudadanía. No en vano en los últimos barómetros del CIS la preocupación por la corrupción ha bajado en la misma proporción que crecía la percepción de la política en general como un problema.
En defensa de los delatores de los corruptos
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha decidido sumarse al carro de uno de los primeros trabajos que abordará la recién creada comisión por la calidad democrática del Congreso: la aprobación de una proposición de ley para la protección integral de los delatores. En la comisión de Justicia en la que esta semana expuso las líneas principales de la que será su actuación en la legislatura, quiso destacar, como propuesta sobre la que trabajar, algo que de momento había quedado olvidado y que reclaman todos los que han contribuido al esclarecimiento de algunos de los escándalos más sonados: “la mejora del sistema de protección al denunciante de corrupción”.
“Estoy completamente abierto al debate para perfeccionar el modelo desde el consenso”, dijo el ministro tendiendo la mano a los portavoces de Justicia de los grupos parlamentarios. No obstante, no llegó a formular nada concreto salvo que no se debían nunca olvidar “las cautelas que ha expresado el Tribunal Supremo en relación a los sistemas que rinden ‘culto a la delación’ y sus riesgos para los valores de convivencia y el círculo de derechos fundamentales que nos asisten como ciudadanos”. Pese a ofrecer su “total disposición” a buscar las respuestas, sus palabras a priori no casan bien con lo que reclaman los que ya han denunciado.
