«Al padre del señor Aguado le dieron un contrato de 102.000 euros por la cara en la Asamblea de Madrid. Ya puestos, habrá que investigarlo todo, ¿no?». Lo dijo en Twitter al mediodía el exsecretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Rodríguez, MAR dentro y fuera de las redes sociales, y la pedrada no supondría una repentina escalada de hostilidades en la derecha si no fuera porque el receptor es el vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia y Deportes de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, y el asesor de campaña de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.
Ciudadanos y el Partido Popular se enfrentan a cuenta de la corrupción, en Madrid como campo de batalla y a tres meses de unos posibles nuevos comicios generales... y cuando el Gobierno de Madrid, fruto de una alianza PP-Cs + Vox, lleva 11 días hábiles de vida.
La alusión a una contratación irregular del parlamento madrileño en enero deL 2011 al empresario tecnológico Jesús Cecilio Aguado, dueño de la firma Coyser y padre del líder de Ciudadanos en Madrid, llegó después de que el portavoz adjunto naranja en la Asamblea de Madrid, César Zafra, anunciara el apoyo de su formación a una comisión de investigación sobre Avalmadrid, la agencia pública de financiación de la que supuestamente se habría servido la familia de Díaz Ayuso.
La noticia, de hecho, arrojaba agua fría sobre las cabezas de los integrantes de la nueva cúpula del PP, reunidos ayer por primera vez por el presidente Pablo Casado en un comité de dirección.
La cúpula casadista no llevaba ni una hora sentada en su sede de la madrileña calle Génova cuando Ignacio Aguado remachaba: Ciudadanos irá «hasta el final» para que «las tramas de corrupción se destierren de Madrid».
Suma y resta / Tras la reunión del Comité de Dirección, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, respondió a la amenaza de Cs: «Nosotros estamos para tomar medidas que mejoren la vida de la gente. Otros sabrán en qué emplean su tiempo».
Como si ya oteara como más que probables las nuevas elecciones generales en noviembre, Ciudadanos se desmarca del PP en la plaza clave de Madrid. Y así las cosas, la marca España Suma registrada por Pablo Casado parece destinada a no sobrevivir a su propio nacimiento.
El precedente de Navarra Suma -PP, UPN y Ciudadanos ganando las autonómicas en la comunidad foral- no sirvió de mucho al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, cuando el lunes dijo que «España suma, pero la corrupción resta».
Resta la imputación en la instrucción del caso Púnica de las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, ante la que la cúpula popular reaccionó ayer. Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz popular en el Congreso, consideró «inocentes» a las afectadas y lamentó la «indefensión» que supone enterarse por la prensa. García Egea dijo que el asunto «no causa preocupación» en un PP distanciado de la época Aguirre, y no activando al comité de garantías en torno a la exlideresa, lo que solo se hará si un día se ve abocada a comparecer en un juicio oral.
Ante el desmarque naranja, la dirección popular insiste en que sólo sumando fuerzas en una lista, sobre todo para el Congreso. El contraeslogan de Rivera ha helado el ambiente entre populares y liberales, por más que el número dos del PP defendiera ayer la vigencia de la idea de España Suma en torno a «un objetivo: echar a Pedro Sánchez», que supone que comparten los naranjas.
