El 18 de enero de 1940, un tribunal militar franquista condenó a muerte al poeta republicano Miguel Hernández por un delito de "adhesión a la rebelión militar". Cinco meses después, Franco le conmutó la pena por la de 30 años de prisión. Aquejado de tuberculosis, tifus y bronquitis, Hernández murió en la enfermería del Reformatorio de Adultos de Alicante el 28 de marzo de 1942. Ayer, el pleno de las Cortes valencianas aprobó por unanimidad una proposición que insta al Gobierno a revisar y anular el juicio y la sentencia contra el poeta y a reconocer pública y jurídicamente su inocencia.
La iniciativa, que coincide con el centenario del nacimiento de Miguel Hernández, partió del grupo Compromís, que presentó una proposición no de ley en la que recogía la reclamación de los familiares del poeta y de diversos grupos sociales y cívicos. Finalmente se aprobó una enmienda transaccional que permitió la unanimidad de la Cámara.
"Sabemos que no se puede reparar la injusticia cometida con él y tantos otros, pero también sabemos que que está en nuestras manos dignificar su memoria, al igual que la de tantos otros que murieron en pos de la libertad y la democracia", afirmó el diputado del PP Andrés Ballester. En un momento de su intervención, Ballester rompió una copia de la sentencia de muerte.
