El relevo de Eduardo Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia Nacional ha revivido la polémica sobre el cumplimiento de las penas de los etarras condenados a miles de años de cárcel. La Audiencia Nacional forzó el pasado año la ley para impedir la excarcelación del etarra Henri Parot, prevista para el 2011. Ese tribunal decidió dividir la historia delictiva del terrorista en dos periodos. Por ello, estableció que, tras cumplir 30 años en la cárcel, debía iniciar otro periodo igual.

El etarra recurrió ante el Supremo, ya que la Constitución impide la cadena perpetua y la doctrina establece un máximo de 30 años para un preso.