Pese a las expectativas despertadas el miércoles, ni Pablo Crespo ni Álvaro Pérez, 'el Bigotes', han llegado a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. No obstante, el primero admitió ante el juez central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, pagos "en efectivo" de parte de los trabajos realizados para el PP valenciano para las campañas electorales de 2007 y 2008. Ese dinero "iba a la caja b" de su jefe, Francisco Correa; la facturación, a los empresarios que se sientan en el banquillo.

"Los esfuerzos realizados no han dado los resultados esperados, pero aún así mi cliente va a contestar a todas las preguntas, va a decir la verdad", inició la vista el abogado del número dos de la trama Gürtel, Miguel Durán. Y Crespo se convirtió en el decimo primer acusado en el juicio que admite la financiación irregular del PP de Francisco Camps, después de que ya lo hubieran hecho los nueve empresarios acusados y el propio Francisco Correa.

Eso sí, Crespo tuvo especial cuidado en contradecir al que era su jefe en el entramado empresarial corrupto y se quitó del día a día de Orange Market y, por supuesto, de la contratación de servicios con el PP. Según Correa, él fue quien le dijo que era el entonces secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, quien les indicó que si querían cobrar facturaran a determinados empresarios adjudicatarios de obra pública de la Generalitat valenciana.

Así Crespo le pasó la pelota a Álvaro Pérez que según le oía pidió un bolígrafo para poder tomar notas y poder explicarse cuando le llegó el turno de declarar. Justo Crespo había dicho que no podía responder a quién había hecho los encargos del PP, "porque esa relación la llevaba Álvaro Pérez, que tenía muchísima relación con gente del PP valenciano".

"Pérez me contaba su relación con (el expresidente valenciano, Francisco) Camps, Costa, (Vicente) Rambla, (expresidenta del PP valenciano Adela) Pedrosa, todos los miembros de la ejecutiva del partido, con presidentes provinciales del PP...", afirmó Crespo.

Tanto Durán como el abogado de Álvaro Pérez, 'el Bigotes', José Javier Vasallo, trataron de buscar in extremis un acuerdo con Anticorrupción antes de declarar ante el juez central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia.

Pero era tarde. La Fiscalía ya contaba con el reconocimiento de los hechos imputados por parte de nueve empresarios y del propio Francisco Correa. Ello les obligaba a aportar datos, especialmente sobre cómo se puede recuperar el dinero presuntamente obtenido ilíticamente, si querían lograr algún acuerdo. Anticorrupción solo accedía a una rebaja menor, tras escucharles, y anunciarlo en sus conclusiones definitivas.