Darío Rivas tiene 91 años y muchas cosas que recordar. Su padre, Severino, era alcalde de Castro Rey, en Lugo, cuando lo fusilaron al comenzar la guerra civil. El hijo logró hace cinco años identificar el cuerpo en una fosa común. Y es uno de los dos familiares de víctimas de la dictadura franquista que ayer llegó a los tribunales de Buenos Aires para presentar una demanda por genocidio y crímenes contra la humanidad en España desde el 17 de julio de 1936 hasta el 17 de junio de 1977. La otra querellante es Inés García Holgado, sobrina nieta de Elias García Holgado, alcalde de Salamanca ejecutado en 1936.
La denuncia quedó en manos de la jueza federal María Servini de Cubría. A Rivas y Holgado los acompañan como querellantes organizaciones defensoras de los derechos humanos de Argentina y la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de España. "Los crímenes están impunes, lo que habilita a otra nación que se sienta ofendida o que entienda la necesidad de que se haga justicia a pedir su investigación", dijo Máximo Castex, abogado litigante y especialista de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires.
A finales de los 90, cuando en Argentina no se podían investigar los delitos perpetrados entre 1976 y 1983, el país se benefició de los intentos de aplicación del principio de justicia universal. En España, de la mano de Baltasar Garzón, y en Italia y Alemania, se abrieron causas contra militares argentinos.
"Necesitamos un Garzón argentino", explicó el abogado Carlos Slepoy, para reclamar que desde Buenos Aires se activen los mecanismos jurídicos que en su momento permitieron detener en Londres a Augusto Pinochet.
DETENCION DE FRAGA Varios colectivos gallegos anunciaron ayer que se sumarán a la querella y pedirán la detención del senador del PP y exministro de Franco Manuel Fraga Iribarne.
