Las cuentas no acaban de cuadrar. Tras ganar las elecciones, José Luis Rodríguez Zapatero afronta el desafío de cumplir sus ambiciosas promesas electorales, cuyo coste ha estimado en 22.200 millones de euros hasta el final de la legislatura, en un escenario de creciente desaceleración que mermará los ingresos del Estado. El fantasma de una crisis económica, como reconocen fuentes del Gobierno, puede entorpecer gravemente la consecución de un acuerdo con las autonomías sobre el nuevo modelo de financiación, pues el Estado no tendrá recursos suficientes para satisfacer todas sus demandas, en especial las de Andalucía y Cataluña, pese a las buenas intenciones expresadas por Zapatero el pasado sábado en el comité federal del partido.

Por fin liberado del corsé electoralista que, en plena campaña, le obligaba a quitar hierro a la desaceleración económica para no dar bazas al PP, Zapatero adelantó el viernes que su principal objetivo es "que la economía funcione". Y el propio vicepresidente Pedro Solbes ha reconocido que el crecimiento de este año podría ser inferior al 3,1% previsto, y ha dado fiabilidad a otros estudios que lo sitúan medio punto por debajo de esa tasa.

LA CAIDA RECAUDATORIA No hay que ser economista para entender la siguiente ecuación: a menos riqueza creada, menor recaudación de impuestos. Y ahí es donde el empeño gubernamental de aumentar la inversión pública y las políticas sociales --entre otros motivos, para estimular la economía y evitar la destrucción de empleo-- choca con la exigencia de las comunidades de incrementar sensiblemente la financiación que reciben del Estado.

Los analistas económicos del Ejecutivo reconocen en privado que en el presente ejercicio el superávit se quedará muy por debajo de los 23.367 millones de euros del 2007, fruto del notable aumento de los ingresos fiscales. Y también asumen que, por mucho que el nuevo sistema amplíe la participación de las autonomías en los grandes tributos estatales --IRPF, IVA e impuestos especiales--, el pastel recaudatorio será más pequeño y la porción que reciba cada comunidad crecerá menos de lo deseable. Lo que no sería un escollo si, a través del sinfín de mecanismos que posee todo modelo de financiación, el Estado aportase recursos adicionales para que todas las autonomías salieran ganando y suscribiesen el acuerdo.

Todas, pero sobre todo dos: Cataluña, cuyas reivindicaciones son similares a las de territorios gobernados por el PP como Madrid o la Comunidad Valenciana; y Andalucía, con intereses situados en las antípodas de los que defienden las anteriores comunidades. Porque, sin dar satisfacción a los dos barones socialistas que nutren de votos el zurrón de Zapatero, el catalán José Montilla y el andaluz Manuel Chaves, difícilmente habrá un pacto sobre financiación autonómica. Para resolver esta pugna entre los motores económicos de España y la mitad sur peninsular, la única alternativa es que el Estado reparta compensaciones económicas. Y eso sí es un serio obstáculo.

LA LOSA DEL GASTO Sobre el Ministerio de Economía pesan como una losa las promesas de gasto que Zapatero desgranó en campaña, cuyo coste, según la estimación del programa electoral del PSOE, será de 5.500 millones anuales. Y eso que el informe socialista no recoge el impacto de la devolución de 400 euros a los cotizantes del IRPF (otros 5.700 millones anuales). Ni cifra las compensaciones a las autonomías por la reducción de los impuestos de patrimonio y sucesiones. Ni consigna previsión de gasto para inyectar más recursos en el modelo de financiación.

Fuentes de Economía garantizan que el nuevo sistema brindará a las autonomías el 50% del IRPF y el IVA, y 58% de los especiales; que se tendrá en cuenta el déficit de comunidades como Cataluña o Baleares y se premiará su esfuerzo fiscal; y que se actualizará el censo para reconocer el sensible aumento de población de algunos territorios --en gran parte motivado por la inmigración-- para que todas las autonomías puedan sufragar el gasto en sanidad, educación y otros servicios básicos.

NUEVO TRIBUTO Lo que no está tan claro es que, sumados todos los conceptos, los ingresos autonómicos crezcan de forma sustancial, pues la cesión de tributos se compensará con un recorte de las transferencias económicas del Estado. Eso sí, el Gobierno insiste en ampliar el margen de las comunidades para subir sus impuestos, sin excluir la creación de algún nuevo tributo o recargo autonómico.