El embajador argentino en España, Abel Posse, criticó diplomáticamente a Baltasar Garzón porque, a su juicio, "adelantó con demasiada premura" la demanda de extradición de los exmilitares argentinos acusados de genocidio. Posse lamentó que el juez los reclamara antes de que el presidente Néstor Kirchner regresara de su visita a España, sin darle tiempo para derogar el decreto que impide aceptar las demandas de extradición contra los presuntos represores de la dictadura argentina.
"Todo está planteado muy mal", declaró Posse a este diario. Para salvar este "laberinto" jurídico, el embajador opina que la mejor salida sería que los represores fueran juzgados en Argentina, "donde cometieron los crímenes". Ese es el objetivo de Kirchner.
EFECTOS EMPRESARIALES
El embajador también expresó su temor de que este conflicto pueda introducir tensión en las relaciones entre Argentina y España. "Si hay una solución rápida, el presidente puede modificar las leyes para que se los juzgue (en Argentina) y se hace, todo se va a calmar", apuntó. Pero también alertó del riesgo de que la actuación de Garzón provoque una reacción "poco positiva en la opinión pública" que tenga "consecuencias sobre España y sobre sus empresas" con inversiones en Argentina.
El Gobierno argentino tiene 40 días para decidir si juzgará a los exmilitares o si accederá a las demandas de extradición de Garzón. "Ese tiempo es muy breve", opina Posse, para quien "parecería una broma que, teniendo Argentina una justicia, tuviera que mandarlos a España para juzgarlos".
JUICIO A SCILINGO
Por otra parte, la Audiencia Nacional ratificó ayer la competencia de los tribunales españoles para juzgar al exmilitar argentino Adolfo Scilingo, en prisión desde el 31 de julio del 2001 por orden de Garzón, que le imputa los delitos de genocidio y terrorismo.
