El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, expresó ayer sus dudas sobre la constitucionalidad de la prolongación del estado de alarma durante 30 días seguidos y aseguró que no «está garantizado» el apoyo de su partido, Ciudadanos, a esta medida del Gobierno.
Según Aguado, la pretensión del Gobierno central de prolongar el estado de alarma durante treinta días seguidos «no respeta el espíritu de la Constitución ni el espíritu de la ley orgánica que regula el estado de alarma». Y añadió Aguado que «otra cosa es que (el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez) quiera concatenar dos estados consecutivos y lo haya acordado ya con sus socios separatistas y nacionalistas».
El vicepresidente madrileño dijo que de lo que sí está convencido es de la necesidad de que el Gobierno ofrezca un «plan B» con alternativas para desmontar el estado de alarma, pues «la excepcionalidad no puede prolongarse tanto tiempo».
Así las cosas, aún está por ver si Pedro Sánchez consigue llevar a buen puerto su propuesta de prórroga del estado de alarma por un mes ya que Pablo Casado, líder del PP, ya anunció la semana pasada que su partido iba a votar en contra y no se iba a abstener como hizo en la anterior votación.
Pablo Casado opina que no se puede mantener por más tiempo la «arbitrariedad del Gobierno con unos poderes excepcionales» y propone utilizar la «legislación ordinaria» para seguir manteniendo el mando único en sanidad y poder limitar los movimientos de los ciudadanos, como sucede ahora. Además, a nivel internacional, defiende Casado, el reglamento sanitario internacional de la Organización Mundial de la Salud en sus artículos 15 y 18, y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en su artículo 5, establecen que no se considera violación del derecho de libertad de desplazamiento las restricciones y limitaciones por razón de pandemias.
Por lo tanto, el PSOE necesita amarrar los apoyos o bien de sus socios de investidura o volver a contar con el apoyo de Ciudadanos y PNV.
