La sentencia del juicio del 'procés' marcará la situación política en Cataluña y el conjunto de España en los próximos meses. El veredicto del Tribunal Supremo probablemente agravará el alto coste judicial que ya ha provocado el proceso independentista, con 12 políticos presos, un 'president' inhabilitado, otro prófugo, un tercero acusado de desobediencia y decenas de altos cargos en fase de procesamiento o investigación.

Desde el final de la vista oral del juicio, el tribunal presidido por Manuel Marchena ha mantenido reuniones periódicas que de forma inminente culminarán en un fallo ya encarrilado y presumiblemente condenatorio.

ENTRE EL 10 Y EL 15 DE OCTUBRE

Aunque la fecha de la sentencia es una incógnita, la previsión es que se haga pública entre el 10 y el 15 de octubre (a pesar de que el fiscal Javier Zaragoza habló de "los primeros 10 días" de mes). En todo caso, se espera para antes del 16 de octubre, día en el que habría que prorrogar la prisión preventiva de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart por cumplirse dos años de su ingreso en la cárcel.

El amplio despliegue del Ministerio del Interior ante la posibilidad de incidentes en Cataluña a raíz del fallo se completará el domingo 13 de octubre, en previsión de que el Supremo dictamine a partir del lunes 14.

HECHOS, DELITOS Y RESPONSABLES

Los magistrados del Tribunal Supremo pretenden dictar por unanimidad la sentencia, que además puede servir para reactivar la euroorden de detención de Carles Puigdemont y los 'consellers' que le acompañaron en su huida.

Lo primero que deben determinar los miembros del tribunal es qué hechos dan por probados. Es decir, qué consideran que sucedió en Cataluña en el convulso otoño del 2017 (aprobación de las leyes de desconexión en el Parlament, referéndum unilateral de independencia, declaración de secesión...).

Aclarado este punto, los magistrados han de discernir si los hechos que juzgan probados son constitutivos de delito y, en su caso, qué tipificación les corresponde.

Determinado esto, quedaría precisar quién cometió esos delitos y su forma de participación en ellos, lo que dará pie a concretar las penas para cada uno de los acusados. El abanico propuesto por las acusaciones es tan amplio que en el caso de Oriol Junqueras llega desde los 12 años que solicita la Abogacía del Estado hasta los 74 que reclama Vox, pasando por los 25 que pide la fiscalía.