La Ertzaintza detuvo ayer en la localidad alavesa de Murgia a Olatz Cerro Boado, la cuarta detenida de los 23 condenados por el Tribunal Supremo por pertenecer a Jarrai-Haika-Segi, organizaciones declaradas terroristas por este órgano judicial.

Tras la orden de la Audiencia Nacional, el instituto armado detuvo el viernes en Guipúzcoa a Igor Ortega y Amaia Arrieta, y la Ertzaintza hizo lo mismo el jueves con Iker Frade Bilbao.

El fallo del alto tribunal provocó ayer altercados en Vitoria, donde la Ertzaintza detuvo y posteriormente puso en libertad al dirigente de Batasuna Hasier Arraiz y a Oier Martínez por negarse a ser identificados. Las detenciones se produjeron tras una rueda de prensa de unos jóvenes que se autodenominaron "independentistas" en protesta por la decisión del Supremo.

Al término de la comparecencia aparecieron medio centenar de ertzainas para identificar al centenar de jóvenes presentes, a una decena de los cuales pusieron de cara a la pared. Tras detener a Arraiz y Martínez, los agentes se retiraron entre los gritos de los presentes.

VATICINIO DE RUBALCABA En Santander, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que en "cuestión de poco tiempo" todos los jóvenes condenados por el Supremo ingresarán en la cárcel. "Los 23 ingresarán en prisión. Ese es mi vaticinio y creo que no me voy a equivocar", declaró el ministro.

Rubalcaba explicó que las órdenes de detención cursadas por la Audiencia Nacional llegaron a mediodía del viernes a la Policía Nacional y a la Guardia Civil y, por la tarde a la Ertzaintza, al tiempo que destacó que todos estos cuerpos están trabajando "coordinadamente" para proceder a los arrestos.

Mientras, se multiplicaron los actos de violencia callejera en las poblaciones vascas, aunque en menor medida de lo que temían los expertos policiales. Un grupo de desconocidos lanzó en la madrugada del viernes al sábado pintura naranja y realizó una pintada contra la Casa del Pueblo de Llodio.

Pasada la medianoche del viernes, otro grupo incendió un cajero automático en la localidad vizcaína de Lemona. Y en la tarde del viernes, se registró otro ataque con cócteles molotov contra un repetidor de telefonía en Markina (Vizcaya).

El fallo del Supremo ha provocado una gran preocupación en la izquierda aberzale, que teme que influya en otros casos abiertos. Los acusados dentro de otro sumario que se sigue contra colectivos aberzales aseguraron ayer que esta sentencia prueba que existe "una justicia de impulso político, ejercida en los parámetros del llamado derecho penal del enemigo".

Estos colectivos radicales están alarmados por una decisión que supone "el inmediato ingreso en prisión de 23 jóvenes". En una nota dijeron que "bajo el concepto expansivo de que todo es ETA" se criminalizan prácticas políticas y movimientos sociales, y se eliminan los derechos de reunión, de asociación y de libertad de expresión.

Batasuna consideró también que la sentencia del Supremo obedece a "criterios absolutamente políticos" y advirtió de que "así es imposible avanzar en el proceso". La fuerza ilegalizada responsabilizó al Gobierno de Rodríguez Zapatero de haber "impulsado y aplaudido" el fallo "desde la razón política de que va a servir para presionar, aún más, a la izquierda aberzale".