La Embajada de España en Finlandia contaba con una "cuenta opaca, una cuenta en b" que servía para comprar combustible, tabaco y alcohol sin tener que pagar impuestos. Así lo ha admitido el exembajador Marcos Vega Gómez durante el juicio celebrado contra él en la Audiencia Nacional por contratar ilegalmente a personal doméstico.
Vega ha reconocido esta irregularidad cuando la fiscal le ha preguntado por una cuenta corriente de la delegación diplomática con la que se pagaban determinados gastos. El acusado, que fue también embajador en Irak y Yemen, ha respondido que no conocía esa cuenta, pero sí otra "opaca" con la que se pagaba combustible, tabaco y alcohol libre de impuestos, que se repartía luego entre el personal de la embajada que no tenía derecho a esa desgravación.
El diplomático se enfrenta a una petición de 10 años de cárcel y a 21 de inhabilitación absoluta o para cargo público por contratar ilegalmente en el 2011 a personal de la embajada, en concreto, dos empleadas de Filipinas y Etiopía. En el juicio, ha defendido que el proceso de selección en el que él intervino fue "limpio y claro" y ha achacado las denuncias al entonces canciller de la embajada, Ismael Medina, en revancha por su decisión de "poner coto a prácticas ilegales" y cerrar la cuenta opaca.
BILLETES DE AVIÓN
A su juicio, si hubiera permitido esa cuenta habría sido "cooperador necesario" del fraude, ya que él firmaba las autorizaciones para comprar esos artículos sin IVA. Solo el embajador y ciertos miembros de la misión diplomática disfrutan de ese privilegio fiscal, que con la "cuenta opaca" se extendió ilegalmente a todo el personal, que se repartía la gasolina, el alcohol y el tabaco.
Respecto de las empleadas, Vega ha reconocido que a una de ellas la embajada le costeó un billete de avión, aunque ha dicho que se hizo como "anticipo" que luego debía pagar con cargo a su sueldo, y que a la otra le pagó él mismo el billete de su bolsillo porque así se lo pidió su marido, que había trabajado con él en la Embajada de Yemen.
"Medina nunca me advirtió de prácticas irregulares y esas prácticas las realizó él o él participó en el proceso de selección. No me advirtió en absoluto", ha zanjado el diplomático.
Según el escrito del fiscal, el embajador contactó en junio del 2011 con dos mujeres de Filipinas y Etiopía para que se desplazasen a Finlandia y prestaran servicios de empleadas del hogar en su residencia oficial. Ambas, siguiendo sus indicaciones, viajaron desde sus países a España, donde sus embajadas les proporcionaron un visado, tras lo que entraron en Finlandia como turistas. Estos viajes los pagó el acusado, sin autorización, con dinero de la caja de la embajada que luego las mujeres debían reintegrar. Cuando llegaron a Finlandia, el embajador firmó con ellas acuerdos (no contratos) para emplearlas, sabiendo que no tenían permiso de trabajo ni de residencia. Estos acuerdos estuvieron vigentes hasta que se convocaron dos plazas oficialmente, que se les adjudicaron arbitrariamente, ya que no tenían permiso de trabajo.
