La valenciana pudo haber sido la primera reforma estatutaria en ver la luz, pero las diferencias en el seno del PP amenazan con posponerla sin fecha. Y es que, cuando el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ya había alcanzado un pacto con el secretario del PSPV, Joan Ignasi Pla, la cúpula estatal del PP vetó dos puntos clave del proyecto: la creación de una agencia tributaria valenciana y la transformación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana en la última instancia judicial en el territorio.
La portavoz autonómica de la dirección del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ratificó ayer la oposición de todo el partido a las dos propuestas. Los populares rechazan la creación de agencias tributarias autonómicas y sólo aceptan que las comunidades participen --como ya prevé la ley-- en la dirección de las delegaciones territoriales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).
En cuanto al refuerzo de los tribunales superiores, Sáenz de Santamaría lo supedita a una futura modificación de la ley orgánica del Poder Judicial que sea aplicable por igual a todos los territorios. Idéntica condición a la fijada por el Gobierno del PSOE.
