El constructor Ignacio Sánchez se convirtió ayer en el segundo empresario en denunciar ante la fiscalía la existencia de comisiones ilegales para poder trabajar para Adigsa, compañía pública dedicada a la compra y rehabilitación de viviendas sociales. Sánchez declaró que lo rechazaron en dos obras hace dos años por no pagar el 20% de comisión a Josep Maria Penín, pariente lejano de Felip Puig, exconsejero de Política Territorial y Obras Públicas.
Sánchez fue a la fiscalía tras ser citado a propuesta de Juan Antonio Salguero, el primer constructor que denunció el caso.
