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En defensa y al ataque

Los abogados aunarán argumentos técnicos y razonamientos políticos en el juicio del Supremo

 

El abogado 8 Andreu Van den Eynden. - EFE / JUAN CARLOS HIDALGO

J. G. Albalat / A. Vázquez epextremadura@elperiodico.com BARCELONA / MADRID
14/01/2019

Cada juicio consiste en cierto modo en una lucha entre el bien y el mal. El fiscal y las acusaciones pedirán una condena por la comisión de un delito y las defensas, la absolución porque ni lo ha habido o el que se sienta en el banquillo no es su autor. La vista que comenzará a finales de mes o, como tarde, a principios de febrero, en el Tribunal Supremo por el procés independentista reúne esos ingredientes, más otro nada desdeñable: la política. Y es que uno de los ejes de la estrategia de defensa será denunciar la supuesta vulneración de derechos de los dirigentes independentistas, sobre todo de los encarcelados. «Defenderemos técnicamente a nuestros representados, pero también atacaremos y dejaremos constancia de que lo que se pretende con este proceso es aniquilar el movimiento independentista», asegura un letrado.

Durante la vista del artículo de previo pronunciamiento ya se vio cómo plantearían el juicio, algunos defensores incidiendo en la carga política y otros centrados en la parte jurídica. Fue evidente que habían decidido no ser repetitivos y que se habían distribuido los grandes bloques para negar que hubiera existido delito y mucho menos el de rebelión, para lo que es necesario que se hubiera producido una violencia que todas las defensas niegan.

Frente al argumento de la fiscalía de que hubo la violencia necesaria para entender que se cometió rebelión, o de la Abogacía del Estado, que sin ver esta violencia sí considera lo ocurrido sedición, la defensa intentará sostener que lo que sucedió en Barcelona el 20 de septiembre fue «un movimiento» pacífico vinculado al independentismo, una opción esgrimida por «partidos legales desde hace años». Los abogados de los procesados construirán una versión distinta y «alternativa» a la sostenida por las acusaciones, añadiendo la vertiente técnico jurídica.

Las defensas, así, tendrán un común denominador en torno a las acciones que desplegó el Govern de Carles Puigdemont y a la violación de derechos fundamentales, aunque cada letrado ofrecerá elementos exculpatorios concretos respecto a sus clientes. Una de las razones es que no a todos los procesados se les atribuye el delito de rebelión. Los acusados de malversación y desobediencia centrarán sus esfuerzos en demostrar que no se usaran fondos públicos en el referéndum del 1-O, como sostiene la fiscalía. El pasado viernes, los abogados mantuvieron una reunión para pulir detalles.

En la vista del artículo de previo pronunciamiento, Andreu Van den Eynden, abogado del exvicepresidente Oriol Junqueras y del exconseller Raül Romeva; y Marina Roig, del presidente del Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, fueron los que defendieron los intereses de sus clientes ante el tribunal recurriendo a la política. Jordi Pina, del expresidente de la ANC Jordi Sànchez y los exconsellers Jordi Rull y Josep Turull, y Judit Gené, que junto a Javier Melero representa a Forn y Borrás, acudieron a argumentos más técnicos.

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