La defensa de la infanta Cristina apela a las "cargas negativas con que conlleva una imputación" y a la ausencia de hechos-prueba para sumarse al recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra la imputación de la hija del Rey en el 'caso Nóos', donde se investiga, entre otras cosas, una presunta malversación de fondos públicos.

"La condición de imputado en un proceso penal no conlleva únicamente ventajas, sino también una serie de cargas o efectos negativos, tanto procesales como extraprocesales. Precisamente por ello, la naturaleza del auto de imputación es distinta de la mera diligencia probatoria", dice el escrito presentado por el despacho Roca-Silva, que recibió en encargo de defensa de la infanta directamente del Rey.

Contra el "principio de igualdad"

Los letrados se suman al recurso de apelación del ministerio público fundamentado en "la vulneración del principio de igualdad, la inexistencia de indicios incriminatorios previos, la inexistencia de infracción penal, la inexistencia de elementos incriminatorios contra SAR, Doña Cristina de Borbón respecto a delitos contra la Hacienda Pública, la vulneración del principio acusatorio y la inaplicación de la jurisprudencia dimanante de la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 717/2009, de 17 de junio".

"A estas alturas del procedimiento parece razonable exigir una mayor consistencia en los indicios racionales de criminalidad que conduzcan a un juicio procesal de imputación", apuntan los letrados, frente a los 14 indicios descritos por el juez José Castro en su auto de imputación de la hija del Rey.

Los letrados Roca-Silva se suman a la tesis del fiscal Pedro Horrach sobre la insolvencia de dichos indicios para sustentar la imputación de la infanta Cristina y consideran que nada nuevo se ha aportado a la causa desde que hace más de un año, juez y fiscal coincidieron en rechazar la imputación solicitada entonces por la acusación popular, ejercida por Manos Limpias.

Imputación del Juez José Castro

El magistrado, por el contrario, sí ha visto nuevos elementos a partir de la documentación, correos electrónicos y testimonios recabados en estos últimos meses y, de oficio, resolvió imputar a la hija del Rey para aclarar algunos extremos y no cerrar en falso la causa.

La posición del juez en este asunto cuenta con el apoyo de Manos Limpias, mientras que las tesis de la Fiscalía Anticorrupción han sido secundadas por las defensas de la infanta Cristina y de Iñaki Urdangarin y la Abogacía del Estado, en representación de Hacienda. La Abogacía de la Comunidad Autónoma balear y la defensa de Diego Torres, exsocio de Urdangarin, no se han pronunciado.

La Audiencia Provincial de Palma resolverá si la infanta debe o no declarar este mes de mayo como imputada.