La defensa del juez Pablo Llarena le costará al Estado casi 545.000 euros. El Ministerio de Justicia ha llegado a un acuerdo con el bufete belga Liederkerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick para la defensa del magistrado instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, demandado por prevaricación por el expresidente catalán Carles Puigdemont. El coste del contrato asciende a los 544.982 euros.

En un comunicado, el ministerio dirigido por Dolores Delgado dio detalles sobre el contrato firmado con el bufete que se encargará de defender al juez el próximo 4 de septiembre. Tras finalizar el proceso de selección del despacho de abogados, Justicia remitió la documentación a la embajada española en Bruselas, donde representantes legales de la diplomacia y el bufete rubricaron el preceptivo contrato.

La adjudicación asciende a 450.413,22 euros, a los que se suman además otros 94.568,78 en concepto de impuestos, ascendiendo así a un total de 544.982 euros. «Tras la formalización del contrato, el bufete belga asumirá la representación procesal del Estado y de Llarena para, de acuerdo con la Abogacía del Estado, defender la soberanía e inmunidad jurisdiccional de la justicia española ante los tribunales belgas, defensa que incluye la del instructor del Supremo», explicó el ministerio.

LA TRADUCTORA / Por otra parte, la traductora oficial jurada de la demanda contra Llarena reveló ayer que la alteración de las palabras del magistrado no es suya. Según explicó en la SER la propia traductora, Delia S.B., ella se limitió a traducir del francés al español el texto que le mandaron los abogados para que esta traducción fuera remitida al juez Llarena. Según este medio, los abogados en Bélgica fueron quienes tradujeron las manifestaciones de Llarena al francés para presentar la demanda civil ante el juez belga.

Luego, esa traducción en francés fue enviada por correo a una firma de traductores, donde esta empleada realizó su trabajo con el texto original, que no contenía ninguna manipulación. Sin embargo, en la versión definitiva de la demanda presentada en francés aparecen cambiadas las declaraciones de Llarena en las que se traduce un si condicional por un sí afirmativo, modificando el sentido de la frase del juez y poniendo en duda su respeto a la presunción de inocencia.

El ministro español de Exteriores, Josep Borrell, afirmó que el «error» en la traducción de las declaraciones de Llarena «no es un problema menor» ni una ««situación anecdótica». «El problema de la falsa traducción no es un problema menor porque esa frase atribuida al juez Llarena es la única frase que aparece en el texto enviado al juez en los dos idiomas. No sé más que eso, pero eso ya es suficiente para pensar cómo se ha podido producir una situación que no es anecdótica», dijo Josep Borrell.