La primera sesión del macrojuicio por corrupción municipal en Marbella, en el caso Malaya, por el que 95 imputados se enfrentan a penas de más de 450 años y 4.000 millones de euros de multa, avanza a buen ritmo. En poco menos de dos horas, la defensa del principal implicado, Juan Antonio Roca, ha presentado sus cuestiones previas, en las que ha solicitado la anulación del juicio por irregularidades en la instrucción. Su principal argumento ha sido la nulidad de las escuchas telefónicas y de los registros en dependencias municipales y en los despachos de su defendido, ya que no estuvo presente.
De forma concisa y bien argumentada, Rocío Amigo --que asumió la defensa del exasesor urbanístico en agosto tras la renuncia de su letrado habitual por impago-- ha calificado de "servil" al primer juez instructor, Miguel Ángel Torres, por hacer caso "a las mentiras de la Policía" sin haberlas comprobado. Al tiempo, ha lamentado que se ha hecho una investigación prospectiva, ya que se dio orden de pinchar todos los teléfonos de Roca e incluso de los concejales "para ver qué encontraban".
Así, Amigo ha pedido la nulidad de las escuchas por considerarlas desproporcionadas y faltas de motivación. "Los informes policiales que permiten las detenciones solo ponen en correlación las escuchas", ha argumentado tras señalar además que vulneraban el secreto de las comunicaciones.
Solo un delito urbanístico
Amigo ha criticado el inicio del proceso al indicar que de la declaración del funcionario del Ayuntamiento marbellí Jorge González --que en un proceso distinto acusó a Roca de ser el verdadero alcalde de la ciudad-- solo se deduce un delito urbanístico, y no la ristra de delitos que posteriormente le fueron imputados.
También han recordado que parte de los delitos enjuiciados se están viendo en otros procesos judiciales, por lo que ha pedido la suspensión del juicio atendiendo al principio que impide juzgar un delito dos veces, petición que ha sido denegada por el presidente de la sala, José Godino.
Los abogados de Roca se han dividido el trabajo, y la coletrada Yolanda Terciado ha criticado la indefensión durante los registros por la ausencia de los detenidos. Ha destacado sobre todo los registros de Maras, empresa desde la que el exasesor controlaba sus negocios y donde se intervino la documentación que permitió a los investigadores relacionar los pagos de los empresarios con las decisiones municipales.
Después le ha tocado el turno a la defensa de los abogados considerados artífices de la trama de empresas con la que Roca blanqueó el dinero obtenido ilícitamente. Horacio Oliva, un peso pesado del derecho penal, ha puesto en duda un proceso plagado de irregularidades y se está centrando en la indefensión de los imputados porque Roca fue detenido junto a sus abogados, por lo que no pudo elegir defensor.
Cohecho, prevaricación y malversación de fondos
Cuatro años y medio después, el caso Malaya contra la corrupción municipal y urbanística en Marbella ha llegado a los tribunales. Los 95 imputados, con el exasesor de Urbanismo Juan Antonio Roca a la cabeza, desfilarán durante al menos el próximo año por los pasillos de la Ciudad de la Justicia para tratar de defenderse de los cargos de cohecho, prevaricación o malversación de fondos entre otros delitos. Se enfrentan en conjunto a penas de más de 450 años de cárcel y cerca de 4.000 millones de euros de multa.
Desde primera hora de la mañana, los accesos a la Ciudad de la Justicia de Málaga se han convertido en un auténtico hervidero de gente. En su mayoría familiares de los acusados, algunos curiosos y decenas de periodistas, muchos de ellos procedentes de programas 'rosas', que esperaban la llegada de los imputados más conocidos, como los exalcaldes Marisol Yagüe o Julián Muñoz, ex ediles como Isabel García Marcos, o empresarios como Tomás Olivo, Fidel San Román o Rafael Gómez Sandokan, por nombrar alguno de los más conocidos. Sin embargo, acostumbrados al desfile de concejales marbellíes por otros asuntos, los más esperados por los numerosos funcionarios que han apurado la hora de entrada para ver "el espectáculo" eran periodistas del corazón como María Patiño.
El que se ha convertido en el mayor proceso contra la corrupción en nuestro país presenta cifras de vértigo: más de 200.000 folios de sumario ordenados en 196 tomos, que se han dispuesto en un cuarto anexo a la sala de vistas; más de 200 abogados, procedentes de los mejores bufetes penales del país, para los que el Colegio de Abogados de Málaga ha dispuesto hasta 100 togas nuevas; una macro sala de 360 metros cuadrados acondicionada con los últimos avances tecnológicos para que el centenar de imputados, sus defensas y el público no pierda detalle del proceso, y que ha costado a la Junta de Andalucía cerca de 600.000 euros.
Más de un año
El proceso se prolongará cerca de un año, aunque el primer mes se dedicará íntegramente a las cuestiones previas. La vista ha comenzado con la defensa de Juan Antonio Roca pidiendo la nulidad del auto que da pie a la investigación por "falta de motivación y proporcionalidad", según ha explicado la letrada. Según han avanzado otras defensas en sus escritos de calificaciones, las cuestiones previas estarán centradas en la recusación de la sala y los posibles fallos en la instrucción que llevó a cabo el juez Miguel Ángel Torres, ya que entienden que vulneró las normas de reparto al adjudicarse la competencia para investigar el caso.
Está previsto que la sala vea el caso dividido en dos grandes bloques: por un lado los cohechos de los empresarios que pagaron dinero a Roca para conseguir favores urbanísticos o municipales y que luego era repartido entre los concejales, y por otro el blanqueo del dinero obtenido ilícitamente por el exasesor. De esta forma, se facilita que los letrados y los imputados que no guarden relación directa con los hechos enjuiciados en ese momento puedan continuar con su trabajo cotidiano durante el largo proceso.
El caso Malaya se destapó el 26 de marzo cuando una macro operación policial detenía al equipo de gobierno de Marbella y a Roca por diversos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos o cohecho. Junto a los concejales fueron detenidos también abogados, que actuaban de testaferros del ex asesor de Urbanismo y auténtico alcalde en la sombra de la ciudad, y funcionarios municipales. Días después, el 6 de abril, el Consejo de Ministros disolvía el Ayuntamiento, la primera vez en la historia de la democracia, y ordenaba la creación de una gestora que rigió los destinos del Ayuntamiento hasta las elecciones de 2007. En sucesivas fases de la investigación fueron cayendo más empresarios y concejales.
