Dos informes oficiales, elaborados por la fiscalía turca encargada de la investigación del accidente del Yak-42 --en el que murieron 62 militares españoles en mayo pasado-- y por el Ministerio de Defensa, revelan que España repatrió el cadáver de un ciudadano bielorruso que trabajaba para la compañía aérea. El cuerpo, al que se adjudicó el número 75, pertenece, según las autoridades turcas, a una de las 30 personas de las que se hizo cargo Defensa sin identificarlas.

El Protocolo de Examen de Cadáveres, Autopsia e Identificación turco, firmado entre otros por los generales españoles José Antonio Beltrán y Vicente Navarro --jefe del equipo médico--, establece que, tras reconocer a 32 de las víctimas, ambos mandos se hicieron cargo de otras 30 sin identificar, entre ellas, la número 75.

"Hemos identificado y determinado con exactitud que los cadáveres son de ciudadanos españoles y solicitamos que nos sean entregados, garantizamos realizar los procedimientos necesarios para la entrega de esos cadáveres a sus familias y asumimos la responsabilidad de estos cadáveres una vez que nos sean entregados", señala el documento, fechado el día 28 de mayo a las 2.20 horas de la madrugada.

Esta versión choca con la proporcionada por Navarro en el informe que elaboró posteriormente --el 1 de junio--, y que fue entregado en el Congreso, donde indica que el cuerpo número 75 era de un ciudadano bielorruso.

Y más extraño es todavía que, según ese documento, el cadáver fuera reconocido por los médicos ucranianos nueve horas antes de que el propio Navarro decidiera hacerse cargo creyendo que era uno de los 62 españoles.

"A las 17.00 horas aproximadamente del día 27, el equipo ucraniano anuncia la identificación del cadáver número 75, no incluido en el manifiesto de carga original, como el de un ciudadano bielorruso que trabajaba para la compañía aérea en funciones de coordinador de escalas", explica el texto.

La Asociación de Familiares del Yak-42 exigió ayer de nuevo a Defensa que especifique las ayudas que concederán para hacer en Turquía las pruebas de ADN solicitadas, ante las dudas sobre las identificaciones de los fallecidos. La asociación ha pedido a la justicia turca que, a través de un oficio al Instituto de Toxicología, les autorice a cotejar los exámenes con los tejidos de los soldados que guardó el instituto.