Sin moverse un ápice del guión. La primera sesión del mayor juicio por corrupción municipal en España, que sienta en el banquillo a 95 personas y suma peticiones de 450 años de cárcel y 4.000 millones de multas, se desarrolló por los cauces previstos y las defensas del principal implicado, Juan Antonio Roca, y de los letrados que ejercían como sus testaferros pidieron la nulidad del juicio por las "numerosas irregularidades" de la instrucción. Sobre todo en lo relativo a las escuchas telefónicas y los registros en las oficinas privadas del exasesor de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella.
La legalidad de las intervenciones ya había sido confirmada por la Audiencia Provincial de Málaga en diversas sentencias de recurso y apelación durante el proceso de instrucción. No obstante, las letradas de Roca han abundado en el asunto durante las cuestiones previas --que se prolongarán hasta noviembre-- para que sea la Sala Primera la que se pronuncie sobre la supuesta vulneración de derechos fundamentales como el secreto de las comunicaciones y la inviolabilidad del domicilio.
Así, Rocío Amigo, que asumió la defensa del exasesor hace apenas dos meses tras el rechazo del anterior letrado por impago, insistió en reclamar la nulidad del proceso al entender que las escuchas a su mandante se ordenaron "sin motivación ni proporcionalidad y sin atender a la excepcionalidad de la medida".
"EL VERDADERO ALCALDE" En una intervención de unas dos horas, la letrada también reclamó la suspensión de la causa dado que algunos de los delitos ya han sido enjuiciados en otros procedimientos. Y criticó el inicio de la investigación al indicar que de la declaración del funcionario del Ayuntamiento de Marbella Jorge González --que en un proceso distinto acusó a Roca de ser el "verdadero alcalde" de la ciudad-- solo se deduce un delito urbanístico, y no la ristra de delitos que posteriormente se le fueron atribuyendo.
La defensa del cerebro del caso Malaya calificó de "prospectiva" la investigación, ya que se intervinieron todos los teléfonos de Roca e incluso los de los ediles "para ver qué podían encontrar". Y tachó al juez instructor Miguel Angel Torres de "servil" con la policía por aceptar "sus mentiras" sin comprobarlas y tomándolas como "auto de fe".
También argumentaron que Roca no estuvo presente cuando la policía revisó la oficina de Maras Asesores, piedra angular del imperio de Roca, en la que se halló el pendrive con contabilidad en la que se desmenuzan las mordidas que abonaron los empresarios y los pagos a los concejales por los favores municipales
En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción afirma que Roca creó todo un entramado de sociedades para gestionar y administrar un vasto patrimonio obtenido ilícitamente, por lo que pide 30 años de prisión y 870,78 millones de euros de multa. Unas penas que se rebajarían sustancialmente si Roca tira de la manta y reconoce su implicación en la trama.
Tras la defensa de Roca, llegó el turno de los abogados del despacho Soriano Zurita-Sánchez Zubizarreta, supuestos testaferros. "Proceso injusto", "indefensión real" y "motivaciones genéricas" fueron algunas de las calificaciones empleadas por Horacio Oliva para definir la instrucción de Torres.
El abogado y también procesado Francisco Soriano calificó al juez de "inquisidor y parcial", insistió en que el sumario es el "fruto envenenado de una mente dirigida por una voluntad arbitraria investida de poder" e insinuó que hay motivos oscuros en la persecución a la que fue sometido por parte de Torres.
