Queda mucho partido por delante y están dispuestas a luchar por controlar cada pelota que se juegue en el campo. Es decir, en la sala del Tribunal Supremo donde se celebra el juicio del ‘procés’. Las defensas de los 12 dirigentes independentistas procesados mantienen las espadas en alto, a pesar de que las declaraciones de algunos testigos propuestos por la fiscalía no les han favorecido en nada. Todo lo contrario. O, esa, al menos, es la imagen que se percibe. “Se ha seguido el guión previsto. Los que eran malos para nosotros durante la instrucción del caso lo han sido en el juicio. Era lo esperado”, ha reconocido uno de los abogados.
Este mismo letrado incluye a los comisarios de los Mossos Manuel Castellví y Miguel Quevedo que, nerviosos y con frases entrecortadas, admitieron que plantearon al entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que desconvocara el referéndum unilateral del 1-O ante la posibilidad de que se produjera una “escalada de violencia” o “problemas de seguridad” en los centros de votación. “Ya lo dijeron ante el juez instructor, pero mejor que en el juicio”, explica uno de los juristas consultados por EL PERIÓDICO.
Más contentos han quedado los abogados de la defensa con la declaración del mayor Josep Lluís Trapero, que defendió a capa y espada la actuación de los Mossos. "Dejó claro que los procesados no utilizaron a los Mossos como brazo armado, tal y como sostiene la acusación, y que los acusados tampoco dieron intrucciones" a la policía de la Generalitat, ha asegurado un letrado. Ese distanciamiento del cuerpo de los políticos quedó patente cuando Trapero declaró que, incluso, tenían previsto detener al entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los entonces 'consellers'.
Entre los abogados de la defensa hay pragmáticos e hiperventilados. Los primeros reconocen que algunos de los testigos que han pasado ante el tribunal, como el teniente general de la Guardia Civil y coordinador del operativo policial del referéndum del 1-O, Diego Pérez de los Cobos, o los mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han sido contundentes, o que el exdelegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, “ha declarado más bien de lo que me esperaba”. “Ya me gustaría que jugaran en nuestro equipo y no en el de la acusación”, ha sostenido uno esos los letrados de ese sector. Otros aluden a que "juegan en campo amigo" (el Supremo).
Los hiperventilados, aún a pesar de que ven muy difícil ganar la partida, niegan que el juicio vaya mal para sus intereses. A su entender, los principales testigos de cargo no han aportado ningún elemento que corrobore la existencia de la violencia, requisito necesario para sustentar el delito de rebelión. Así, califican de “peliculero” el relato de la secretaria judicial que participó en el registro de la Conselleria d’Economia el 20 de septiembre del 2017 y que permaneció 17 horas en su interior sin poder salir. “Ha exagerado", insisten desde este sector, mientras que los pragmáticos inciden en que la testigo relató lo que ella sintió y que “la sensación de miedo es subjetiva”.
LOS MANDOS DE LOS MOSSOS
La mayoría de los defensores admiten que la declaración de Castellví y Quevedo no fue buena, pero más “por las formas que por lo que dijeron”. Los dos testigos titubearon y, sobre todo el primero, estaba nervioso. “Ya lo estaba cuando declaró en la instrucción, pero aquí, en la sala todavía más”, explica un jurista. A pesar de que Castellví explicó que le dijo a Puigdemont que podría haber una “escalada de violencia” el 1-O, los letrados sostienen que eso no demuestra que se produjera realmente violencia. “La violencia la ejercieron los policías nacionales y guardias civiles que pegaron con sus porras a los concentrados”, insiste este profesional del Derecho. Otro matiza: “Es normal que los mados de los Mossos estuvieran nerviosos. A la policía de la Generalitat se le está acusando de pasividad”.
“Creo que todavía es prematuro valorar la violencia. Falta oír a muchos testigos, entre ellos los guardias civiles que estuvieron en el registro de la Conselleria d’Economia. Dudo que la fiscalía rectifique, pero. ¿es suficiente para condenar por un delito de rebelión lo que pasó con los coches de la Guardia Civil?”, se pregunta un abogado. Una parte de la defensa sostiene que la acusación se basa es un rompecabezas de acciones (manifestación ante Conselleria d’Economia, actuación de los CDR, ocupación de las vías del tren y resistencia a la Policía Nacional y la Guardia Civil el 1-O) para construir ese “alzamiento violento” para atribuir a varios dirigentes soberanistas el delito de rebelión. Una violencia, que ellos, por supuesto, rechazan tajantemente. “No hubo ni alzamiento, ni violencia”, recalcan.
El delito de malversación es otro cantar. Las defensas son unánimes: no hay pruebas del desvío de fondos públicos para la organización del 1-O. Los testigos han dado, eso sí, explicaciones surrealistas. Por ejemplo, un exdirectivo de Unipost relató que 45.000 cartas certificadas de las mesas electorales del 1-O se la habían dado en la calle. O que un “tal Toni”, del que no conocía ni su apellido, era quien gestionó ese encargo en nombre de la Generalitat (otro compareciente lo identificó porque lo vio el televisión).
Otras personas han confesado que hicieron trabajos vinculados a la consulta soberanista, pero que no los cobraron, a pesar de que emitieron factura. “No hay ninguna prueba de que se utilizaran fondos públicos para el 1-O”, asegura uno de los procesados. Para la fiscalía, sin embargo, la existencia de una factura es un compromiso de pago, aunque no se haya cobrado esa deuda.
