Pese a que el Gobierno reconoce que la concesión de un régimen de prisión atenuada al preso etarra Iñaki de Juana Chaos es difícil de entender, y aunque el PP afirma que supone la rendición del Estado de derecho ante ETA, la decisión genera una respuesta unánime entre los expertos en leyes: es plenamente legal. Sin embargo, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) advierte de que si cunde el ejemplo se "puede poner en crisis el sistema penitenciario". Precisamente ayer, una decena de presos que cumplen prisión provisional en Almería por narcotráfico, anunciaron su intención de empezar una huelga de hambre.
EJEMPLO A IMITAR El portavoz de la APM, Antonio García, señaló que aunque la decisión "no es ilegal", es "cuestionable" y entraña "el riesgo" de que otros presos inicien una protesta similar. Para él, que cunda el ejemplo puede poner en crisis tanto el sistema penitenciario como "su finalidad", que consiste en reinsertar a los internos. El presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Eduardo Esteban, descartó "una avalancha" de internos en esta situación. Subrayó que la medida ha sido respaldada por el juez de Vigilancia Penitenciaria y que las razones humanitarias de Rubalcaba "están recogidas en la ley".
