Alguna mente imbuida por el afán homogeneizador que recorre estos días las sedes del PSOE y del PP debe dar por hecho que la expresión que más caracteriza a la España autonómica, el café para todos , debió ser una invención de un catalán (nacionalista, por descontado) que ansiaba romper todos los límites posibles del autogobierno de las comunidades. Pero las cosas sucedieron de otra manera. El País Vasco y Cataluña han clamado siempre contra la extensión del hecho autonómico más allá de los territorios que lo llevaban marcado a fuego en su divisa identitaria. Los dos grandes partidos españoles les dan la razón 30 años después. FORMULA INVENTADA
El 4 de diciembre de 1977, el ministro de Relaciones con las Comunidades Autónomas, Manuel Clavero Arévalo, de UCD, exigía para su tierra, Andalucía, el mismo "café" que se iba a servir a Euskadi y Cataluña. Era un café solo, corto y fuerte: acceder a la autonomía por la vía rápida que reservaba la Constitución para las nacionalidades históricas. Adolfo Suárez, muy amigo del president Josep Tarradellas, se opuso a esta pretensión y Clavero dimitió. La presión popular hizo que los andaluces compartieran mesa y mantel con catalanes y vascos. Al final, hubo un cuarto comensal: Galicia. La España de dos velocidades empezaba a tomar cuerpo. EL RESULTADO
No obstante, los recelos se habían engendrado años atrás. El jurista Eduardo García de Enterría, autor de la ley orgánica de armonización del proceso autonómico (LOAPA), aventuró en 1976 que la creación de una comisión para estudiar un régimen especial para Cataluña y Euskadi suponía un "privilegio" porque eran "las regiones con más alto nivel". Con esta premisa, resulta desconcertante otra de sus citas, en la que abogaba por "un regionalismo limitado a unas cuantas regiones". ¿Cuántas? ¿Cuáles? Un café con leche o cortado.El expresidente Leopoldo Calvo-Sotelo negaba en sus memorias que la LOAPA fuera la consecuencia directa del 23-F, porque ya la tenía en la cabeza antes. En efecto, cinco días antes de la intentona golpista, en su discurso de investidura, alertó de que el Estado no podía ser "un simple almacén de competencias que se van transfiriendo a las unidades territoriales y en el que, al final, queda un conjunto residual más o menos fortuito". La LOAPA se oteaba, pero el 23-F la aceleró sobremanera. García de Enterría plasmó los argumentos y UCD y el PSOE, los votos. 17 comunidades autónomas, con sus 17 gobiernos, sus 17 parlamentos y sus 17 tribunales de justicia.Años después de dejar la presidencia de Castilla-La Mancha, José Bono se confesó: "Sí, se concedió autonomía a territorios que ni la habían pedido, pero así se acalló a quienes amenazaban con revelarse si el País Vasco y Cataluña gozaban de ella". PRIMEROS EFECTOS
Como el fin parecía justificar los medios, se esbozó un traspaso de competencias progresivo, un café azucarado o edulcorado según la capacidad de cada zona, pero con el objetivo de la equiparación. La transferencia de autogobierno, y de los gastos asociados a la gestión de las materias, desbordó el Tribunal Constitucional de incesantes conflictos competenciales. Solo en 1985 hubo 131 recursos."No es justo que Cantabria, con todo lo que se merece, tenga la misma autonomía que Cataluña". Tarradellas subrayó en 1983 que el experimento no podía acabar bien. En 1987, el PSOE de Felipe González se vio venir el barrizal. Las comunidades de vía lenta cumplían un lustro y la Constitución le otorgaba el derecho a ampliar sus competencias con una reforma de su estatuto. EL CONTRASTE
El joven José María Aznar que aterrizó en la presidencia de Castilla y León distaba mucho del que luego llegó a la Moncloa e impulsó la "segunda descentralización": "Cada comunidad debe asumir las competencias que pueda gestionar y debemos dejarnos de agravios comparativos", dijo en 1987. Su jefe de filas, Antonio Hernández-Mancha, definió como "malo" el café para todos. "Una simple descentralización es una burla para Cataluña o Castilla", añadió. Los traspasos llegaban a las autonomías, como los de sanidad o educación, pero sin llevar consigo el cierre de sus respectivos ministerios. Las administraciones periféricas engordaban, pero la central no adelgazaba. Para los amantes del agravio, un dato final: Extremadura es la comunidad con más funcionarios por habitante, el doble que Cataluña. Cosas del café.
