Exdirectivos de la extinta Unipost han explicado este lunes ante el tribunal del juicio del 'procés' que no se llegó a facturar a nadie los trabajos de reparto de las más de 45.000 cartas certificadas a nombre de los miembros de las mesas electorales del 1-O, ya que no recibieron el albarán de entrega, ni las instrucciones para distribuirlas. Los sobres, que tenía el logotipo de la Generalitat, fueron incautados por la Guardia civil el 19 de septiembre del 2017 en las plantas de la compañía en Terrassa y Manresa. Este material, según ha admitio un alto cargo de la empresa, fue recogido en la calle, "en las inmediaciones de un bar", trasladándo las cartas de una furgoneta a otra. "No era normal", ha reconocido.
"A mi me llamó un tal Toni en nombre de la Generalitat diciéndome de que nos enviaba una remesa y que tenían prisa en repartirla", ha relatado un exdirectivo. Esa misma persona, según el mismo testigo, le volvió a llamar la tarde anterior a registro para comunicarle que no se repartieran las cartas y que las irían a recogerlas. No llegó a tiempo. Horas después, fueron incautadas por la Guardia Civil. El directivo no ha concretado quien era su interlocutor. En los registros de Unipost se hallaron borradores de factura por un millón de euros y que iban dirigidas a cuatro conselleria. La fiscalía sostiene que los gastos del suministro de papeletas, del censo electoral y citaciones a los miembros de las mesas de votación ascendía a casi un millón de euros.
