El juicio por los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 y 18 de agosto de 2017 comenzará este martes en la Audiencia Nacional y está previsto que tras escuchar a más de 200 testigos quede visto para sentencia el 16 de diciembre. Pese a contar con un calendario tan amplio, se prevé que quede deslucido, porque, a ojos de la fiscalía, se reduce a la explosión de Alcanar, aunque las acusaciones populares no se resignen y soliciten 15 prisiones permanentes revisables para dos de los tres acusados.
La diferencia entre la posición del ministerio público y la de las acusaciones particulares (más de una docena) y las populares, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y 11-M Afectados del Terrorismo, estriba justo en la responsabilidad de los tres acusados.
La fiscalía defiende el auto de procesamiento del juez Fernando Andreu, mantenido por su sucesor en el Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, y ratificado por la Sala de lo Penal.
Entiende que los atropellos de La Rambla y Cambrils se improvisaron, después de que los planes originales se fueran al traste con la explosión del chalé de Alcanar. Sus autores materiales fueron abatidos por los Mossos y los acusados no pueden responder por los asesinatos y heridos que aquellos produjeron.
La fiscala adscrita al caso, Ana Noé, pide 41 años de prisión para el presunto miembro de la célula yihadista que sobrevivió a la explosión de Alcanar, Mohamed Houli Chemlal; 36 para Driss Oukabir, que alquiló la furgoneta que se utilizó para el atropello de las Ramblas, pero que acabó echándose atrás, y ocho para Ben Said Ben Iazza, como colaborador.
Los dos primeros deberán responder por los delitos de integración en organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y estragos en grado de tentativa, por explosivo de Alcanar y su explosión.
ASESINATOS Y HERIDOS
Las acusaciones populares discrepan en que ese cambio de planes exima a los acusados de responsabilidad por las muertes. Entienden que los dos primeros deben responder por los asesinatos y heridos de los atropellos. La única muerte que no les atribuyen es la de Pau Pérez, porque solo podría hacerlo el autor del atropello de La Rambla que quería su coche para huir.
Por eso, la AVT y la del 11-M piden para Houli y Driss, además de las 15 prisiones permanentes, 15 años más de cárcel por cada uno de los 150 asesinatos intentados, lo que asciende a 2.250 años de cárcel. A eso hay que sumar 12 más por integración, 15 por los explosivos, 20 por los estragos y 30 por dos lesiones de Alcanar.
Para el tercer acusado, Said Ben Iazza, como colaborador de la célula, solicita 10 años de cárcel y 15 más por un delito de depósito de explosivos, lo que hace un total de 25 años de cárcel.
ACUSACIONES CONTRADICTORIAS
El problema es que al no ser ese el criterio del juez los acusados no fueron procesados por las muertes. Pese a ello las acusaciones sostienen que como el auto de procesamiento incluye los atropellos, su pretensión de condena es plenamente factible, al no modificar el relato de hechos del auto que delimitó la acusación; tampoco el que hace el ministerio público en su escrito de acusación.
La fiscalía, por su parte, entiende que esa precisamente la función de ese tipo de auto, como garantía del derecho de defensa, es delimitar la acusación. De hecho, fuentes fiscales consideran cuando menos cuestionable que se haya permitido que víctimas de los atropellos ejerzan la acusación particular, cuando los acusados no responderán por ellos.
En la vista tampoco faltarán las teorías conspiranoicas. Alguna acusación particular sostiene que detrás del 17-A estuvo el CNI solo porque el Centro Nacional de Inteligencia contactó en prisión años antes con el líder de la célula de Ripoll, el imán Abdelbaki Es Satty, que murió en Alcanar.
