El municipio madrileño de Boadilla del Monte, uno de los más ricos de la Comunidad, cuenta con un ayuntamiento que tiene una actividad casi frenética en los tribunales. Será por eso que Arturo González Panero, el exalcalde imputado en la trama de corrupción que investiga Baltasar Garzón, dio el visto bueno para contratar al despacho EIUS Abogados, donde presta sus servicios el exministro de Justicia José María Michavila, ahora diputado del PP en el Congreso. El director del bufete, antiguo subordinado de Michavila en el ministerio, Alberto Dorrego, también colabora en negocios de otro imputado, el empresario José Luis Ulibarri, beneficiado por González Panero con una adjudicación que investiga el juez.

Según los documentos obtenidos por este diario, EIUS ha defendido al consistorio de Boadilla varias veces. Los letrados fueron Alfredo Dagnino y Dorrego, que fue director general para la Modernización de la Administración de Justicia en la etapa de Michavila como ministro. En el 2004, al perder el PP las elecciones, Dorrego fundó el bufete y contrató a quien fuera su superior. Semanas atrás, el sindicato Manos Limpias entregó a la Fiscalía Anticorrupción un listado de supuestos "amigos" de González Panero "implicados" en sus negocios, que incluía a Michavila, aunque este lo negó.

Quizás no los tenga, pero sí el despacho para el que trabaja. Así se lo confirmó ayer a este diario el propio Dorrego. A su juicio, un solo abogado no puede atender el número "ingente" de litigios de distintas especialidades judiciales. Al mismo tiempo, resaltó que el suyo no es el único despacho que ha colaborado con Panero. Otros, como Galán y Asociados, que también se ha beneficiado de varios contratos del consistorio. Casualidad o no, Gustavo Galán defiende a otra imputada en la trama, Felisa Isabel Jordán.

El caso es que Dorrego compagina la dirección de EIUS con otras atribuciones que le vinculan laboralmente con el empresario Ulibarri, otro imputado en el caso: es secretario en Mediamed Comunicación Digital, propiedad de Ulibarri, y partícipe de las adjudicatarias de licencias de la TDT otorgadas por la Generalitat Valenciana. Igual cargo ostenta Dorrego en Cabanyal 2010, empresa pública valenciana, al igual que Comunitat Valenciana d´Inversions, de la que es vicesecretario.

Dorrego encarna el segundo punto de conexión entre dos de los imputados: González Panero y Ulibarri. El primero figura en el sumario que instruye Garzón: el alcalde adjudicó al constructor una parcela en Boadilla para levantar 139 viviendas libres a un precio inferior en 4 millones de euros a lo que pagaba uno de sus competidores.

Dorrego es ahora el jefe de Michavila en EIUS, pero antes estuvo a sus órdenes. La carrera de ambos ha ido en paralelo: Dorrego entró en el cuerpo de letrados de las Cortes Generales en 1991. De 1996 al 2000, Michavila fue el secretario de Estado de Relaciones con la Cortes. En el 2002, Michavila fue nombrado secretario de Estado de Justicia. Meses después, Michavila fue nombrado ministro y confió a Dorrego la modernización de la justicia.