El agresor de un concejal socialista en el Ayuntamiento de Pasajes (Guipúzcoa) es un etarra que fue condenado a 20 años de prisión por lanzar cócteles molotov contra la casa del pueblo (sede socialista) de Portugalete (Vizcaya) en 1987. En aquel atentado perdieron la vida dos personas y otras cinco resultaron heridas de diversa consideración. Jon Ander Uribarrena cumplió 12 años de la condena.

El pasado lunes, el concejal del PSE-EE Bixen Itxaso denunció que había recibido un puñetazo cuando abandonaba el salón de plenos del consistorio tras votarse la moción ética que pide la dimisión de los concejales que no condenen la violencia de la banda terrorista. Ayer, la Ertzaintza detuvo a Uribarrena en su domicilio. El arrestado participó el 25 de abril de 1987 en el ataque contra la sede socialista de Portugalete junto a otros cinco jóvenes. Los terroristas protestaban por la extradición a España de presos de ETA.

Los cócteles molotov sorprendieron a las 15 personas que había en ese momento en la casa del pueblo. El incendio causó la muerte a dos de ellas e hirió a cinco. La Audiencia de Vizcaya condenó a Uribarrena a una pena de 20 años de cárcel por dos delitos de homicidio, uno de incendio, cuatro de lesiones graves y dos faltas de lesiones.

LAS DISCREPANCIAS Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu rechazó ayer otra querella presentada por Dignidad y Justicia contra el alcalde de Etxebarri (Vizcaya), Pedro Lobato, por no haber cambiado el nombre de la plaza Txiki Otaegi. Con esta decisión, aumenta la división entre los jueces de la Audiencia. Tres de instrucción y una sala se niegan a tramitar estas demandas contra la existencia de lugares públicos dedicados a etarras, mientras que un magistrado y dos secciones de lo penal las apoyan. Andreu recuerda que Juan Paredes, Txiki , y Angel Otaegi fueron ejecutados por sendos pelotones de fusilamiento al haber sido condenados a muerte durante la dictadura de Franco en 1975. Dignidad y Justicia exigió al alcalde que retirara el nombre de la plaza. Una petición que no ha sido atendida, en una decisión del regidor que, para el juez, "no puede ser constitutiva de ilícito penal". Además, el magistrado explica que el derecho penal no puede ser "instrumentalizado" y que la demanda debe ir a la jurisdicción contenciosa.