La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela tiene entre manos otra causa que dará que hablar. Investiga a una organización criminal encargada de reintroducir en España y otros países europeos fondos ilícitos fruto de la corrupción en los negocios por la que se han detenido, entre otros, al excomisario José Manuel Villarejo y al excomisario del aeropuerto de Barajas (Madrid) Carlos Salamanca., a los que se les acusa de cohecho, blanqueo de capitales, inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal.
La operación, bautizada como Tándem, ha sido coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional, que ha dictado seis órdenes de arresto y varios registros en Madrid, Valencia y Málaga, entre ellos en la oficina de Villarejo en la madrileña Torre Picasso y en su domicilio en Boadilla del Monte. Asuntos Internos ha investigado durante meses el entramado empresarial de Villarejo y su mujer, Gemma Isabel Alcalá, y ha desarrollado una operación para desmantelar una organización criminal cuyo principal objetivo es la reintroducción en España y otros países de la Unión Europea de fondos procedentes de actividades ilícitas vinculadas a la corrupción internacional en los negocios.
Así lo ha explicado la Fiscalía Anticorrupción, que sostiene que tanto Villarejo como el otro comisario detenido (Carlos Salamanca, según han avanzado a Efe fuentes de la investigación), se valían de las funciones propias de sus respectivos cargos policiales, «especialmente sensibles para la seguridad nacional», para recibir «elevadas sumas de dinero y regalos suntuarios diversos».
Todo ello a cambio de sus servicios especializados «de inteligencia» y de «facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio español».
Fuentes de la investigación han apuntado que entre las prácticas de esa supuesta red criminal estaba la de facilitar la entrada de personas de nacionalidad guineana en España y la posterior regularización de su situación a través de las empresas de Villarejo.
Las detenciones las ha ordenado el juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, que está reforzando a la jueza Carmen Lamela, en funciones de guardia, la cual el jueves ordenó la prisión de nueve exmiembros del Govern catalán.
El comisario Carlos Salamanca, antiguo responsable de la Comisaría del Aeropuerto de Madrid-Barajas, llegó a estar imputado, aunque esa investigación se archivó, en la denominada Operación Emperador, en la que varios policías fueron juzgados y absueltos por dar información a la red china de blanqueo de dinero liderada por Gao Ping.
La Operación Emperador está en el trasfondo de la denominada guerra de los comisarios abierta la pasada legislatura, pues el entonces comisario de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas relacionó al hijo de Villarejo con la trama. Eso abrió una «enemistad» (en palabras de Villarejo), entre él y Martín Blas, a pesar de que previamente trabajaron juntos en la denominada operación Cataluña en 2012. Acabaron enfrentados en los juzgados en casos como el del pequeño Nicolás o el del pen drive de la familia Pujol.
En esos sumarios se han destapado prácticas de la conocida como «policía política» que funcionó durante la etapa de Jorge Fernández Díaz y en la que se redactaron informes con información sin contrastar sobre políticos adversarios del PP.
