La policía francesa ha detenido en Hendaya al presunto jefe del grupo de abogados arrestados ayer en el País Vasco que hacían de enlace entre la cúpula de ETA y los presos de la banda, han informado fuentes de la lucha antiterrorista.
Se trata, según las fuentes, de David Pla, presunto miembro del comando Zaragoza de ETA, arrestado en la capital aragonesa en el 2000 y que fue excarcelado en agosto del 2006.
Pla, detenido a primera hora de la mañana en su domicilio de Hendaya, fue imputado por el asesinato del senador del PP Manuel Giménez Abad en mayo de 2001 en Zaragoza pero fue puesto en libertad, pese al criterio de la Fiscalía, ya que la Audiencia Nacional no halló indicios de su participación en los hechos.
El juez Santiago Pedraz ordenó el archivo de la causa y la puesta en libertad de Pla, de Aitor Lorente, y de otra etarra que, no obstante, permaneció en prisión por otra causa.
CAUSA HEREDADA
Nada más archivar la causa, Pedraz se fue de vacaciones y su compañero Baltasar Garzón, que le sustituía, reconsideró la decisión, admitió los recursos presentados contra esa decisión y ordenó el ingreso en prisión de los tres etarras, pero a su vuelta en agosto, Pedraz decretó de nuevo su puesta en libertad.
El arresto de Pla se ha producido gracias a la información suministrada por la Guardia Civil tras la detención ayer en Vizcaya y Guipúzcoa de diez personas, entre ellos tres abogados, supuestos responsables de transmitir instrucciones e información entre la cúpula de ETA y los presos de la banda terrorista.
OTROS ATENTADOS
Pla estuvo acusado de haber participado en un intento de atentado contra el alcalde de Zaragoza en el 2000, José Atares, del Partido Popular. Además, Pla pudo participar en la colocación de un coche bomba en las cercanías del Cuartel de la Guardia Civil de Agreda (Soria).
El fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Caballero alcanzó el 5 de junio del 2001 un acuerdo de conformidad con las defensas de los dos integrantes del comando Zaragoza de ETA, Aitor Lorente Bilbao y David Plá Martín, para la imposición a cada uno de ellos de una pena de 6 años de cárcel por el delito de pertenencia a banda armada.
Las defensas de los acusados aceptaron la imposición de esta pena, que supone una rebaja de cinco años respecto a la petición inicial del Ministerio Público, en cuyo escrito de conclusiones solicitaba 11 años de cárcel para Lorente y Martín, 8 por pertenencia a banda armada y otros 3 por falsificación de documento oficial.
