Los registros e incautación de documentos efectuados hoy en cinco dependencias del Ayuntamiento de Madrid responden a una investigación iniciada antes del verano que afecta a dieciséis funcionarios municipales por presunto cobro de comisiones para agilizar las licencias de actividad de diversos locales. Así lo ha indicado en conferencia de prensa el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, que ha explicado que la investigación sigue abierta y bajo secreto sumarial, y que dichos funcionarios podrían haber cometido delitos de "cohecho", "prevaricación" y "tráfico de influencias".Los registros realizados esta mañana, en los que ha colaborado la Policía Municipal, han incluido también domicilios particulares y diversas oficinas de empresas, según el vicealcalde, que ha subrayado que esta investigación "no tiene absolutamente nada que ver con la "operación Malaya" ni con operaciones urbanísticas, ni recalificaciones". Los funcionarios investigados llevan, en su inmensa mayoría, "mucho tiempo" trabajando en el Ayuntamiento y, entre ellos, no figura ningún alto cargo. También están siendo investigados diversos particulares vinculados a los locales que habrían obtenido ilegalmente las licencias, si bien Cobo ha apelado al secreto del sumario para no dar nombres.
En el operativo de registro e incautación de documentos llevado a cabo esta mañana ha participado y colaborado el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid -a través del alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, y del vicealcalde Cobo-, que desde que tuvo conocimiento hace unos meses de esta investigación se puso a disposición del titular del Juzgado de Instrucción número 32.
Las dependencias municipales registradas hoy son la de Urbanismo y Vivienda, la de Medio Ambiente y las Juntas Municipales de Centro, San Blas yChamberí, en las que el gobierno municipal de Ruiz-Gallardón ha facilitado el acceso de los agentes, el registro de mesas, armarios y archivos, la entrega de documentos y la obtención de datos de licencias y números de teléfono. Los locales para los que presuntamente los funcionarios conseguían tramitar licencias a cambio de comisiones son "de todo tipo", según ha afirmado Cobo, que ha añadido que la obtención de esas licencias precisaban algún tipo de "informe técnico de Medio Ambiente u otra área".
El vicealcalde ha insistido en que el Ayuntamiento cuenta con más de 26.000 funcionarios, ha elogiado su "honradez" y "gestión eficaz", y ha argumentado que, por tanto, éste es un "caso concreto" de corrupción que afecta a un "numero limitado" de trabajadores municipales. "El Ayuntamiento no está libre de tener alguna conducta de este tipo, pero las vamos a perseguir siempre del lado de la Justicia", ha aseverado el número dos del gobierno municipal, que ha apuntado que la investigación se inició a raíz de la "denuncia de un particular".
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón mantiene su agenda prevista para hoy y se ha remitido a la rueda de prensa que ofrecerá el vice-alcalde de la capital, Manuel Cobo, prevista para las 11:30 horas.
Requisado un maletín en la sede de Urbanismo
Cuatro agentes de la Guardia Civil han requisado hoy un maletín y gran número de documentos en el departamento de Zonas Protegidas del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, que gestiona la concesión de licencias en el centro histórico de la capital.Los cuatro guardias civiles abandonaron antes de mediodía en vehículos camufladas la sede de esta área de gobierno municipal, en el número 13 de la calle de Guatemala (distrito de Chamartín) con un maletín negro y cuatro grandes bolsas repletas de documentos.
Uno de los funcionarios que trabajan en el edificio explicó a EFE que el registro se había producido en la tercera planta del edificio, donde se ubica el departamento de Zonas Protegidas. A la puerta de la sede municipal, ubicada en un tranquilo barrio residencial y cerca de un colegio, permanecen aparcados otros dos vehículos camuflados, así como un automóvil de la Policía Municipal para regular el tráfico en la zona.
Mientras tanto, la sede de la Junta Municipal del Distrito de Centro, en la histórica Plaza Mayor, también objeto de un registro, mantiene cerrada su cuarta planta, a la que tampoco se puede acceder en ascensor, y a la puerta del edificio permanece un vehículo del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil.
