La Diputación Foral de Alava abrió ayer fuego en el combate prometido por el PP contra la propuesta de nuevo Estatuto vasco. Apenas veinticuatro horas después de que el Gobierno de Juan Jose Ibarretxe diera luz verde al proyecto de libre asociación de Euskadi a España, la única institución foral gobernada por los populares confirmó que, en defensa de los fueros, presentará "con urgencia" un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Este primer paso de la batalla jurídica anunciada por el Gobierno de Jose María Aznar contra el plan soberanista de Ibarretxe se fundamenta en la "falta de audiencia" del territorio alavés que no ha sido consultado para elaborar la propuesta.
El artículo 46 del Estatuto de Gernika, que regula la reforma, reconoce que el Gobierno vasco puede tomar la iniciativa de modificación estatutaria y no contempla que deba consultar previamente a los territorios forales. Pero el diputado general Ramón Rabanera dijo que la audiencia es "fundamental y preceptiva".
El recurso se basará además en la vulneración de "principios jurídicos elementales" ya que, según la Diputación alavesa, el Gobierno vasco burla la legalidad al buscar "una reforma constitucional" que no le compete.
CONTRAFUERO
Rabanera compareció tras una reunión extraordinaria del Gobierno monocolor alavés para leer una declaración en la que se denomina a la dictadura de Franco "régimen autocrático" y se compromete la disposición del Ejecutivo territorial a "ejercitar" las acciones legales posibles para defender los Derechos Forales.
El diputado general acusó al Gobierno vasco de haber roto de forma "unilateral" el Estatuto y el orden constitucional y advirtió de que el plan "pudiera ser constitutivo de contrafuero". Por ello, exigió la retirada del proyecto antes de que se inicie su debate parlamentario y anunció el recurso.
Rabanera, que gobierna en minoría (tiene el apoyo de 16 de los 51 junteros) justificó la premura de la Diputación en responder al Ejecutivo vasco y se manifestó convencido de que la decisión de defender el régimen foral representa el "sentir mayoritario" de la sociedad alavesa.
La iniciativa de la diputación alavesa abre el camino a otras anunciadas por el Gobierno de Aznar. El vicepresidente segundo y ministro de la Presidencia, Javier Arenas, confirmó ayer que responderán "sin complejos" al desafío del Gobierno vasco y advirtió de que utilizarán las medidas que crean más convenientes.
El presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz (UPN), también pidió una respuesta democrática "firme y decidida" contra la iniciativa del Ejecutivo vasco.
Dos de los padres de la Constitución, Gregorio Peces-Barba (PSOE) y Gabriel Cisneros (PP), se pronunciaron ayer también contra el plan. Peces-Barba apuntó una "doble ruptura" de las reglas del juego, porque en su día dijo que lo podría someter a referendo aunque las Cortes no lo aprueben, y porque supone una reforma de la Constitución. "Todo el plan parte de una afirmación inexacta: el ejercicio de un derecho (el de autodeterminación) que no se tiene", manifestó Cisneros.
