El director general de Vivienda de la Junta de Andalucía, Antonio Ibáñez, ha defendido hoy la constitucionalidad del decreto andaluz sobre desahucios y ha afirmado que el Gobierno de España hace "un uso perverso y torticero" del Tribunal Constitucional.
Ibáñez, en declaraciones a Efe, ha indicado, una vez conocida la decisión del Tribunal Constitucional de suspender de forma cautelar el decreto andaluz, que la decisión de recurrir del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy ha sido de tipo político y no jurídico.
Ha comentado que tras la decisión del Tribunal Constitucional, ahora quedan cinco meses para que el Alto Tribunal decida si se trata de una suspensión definitiva o cautelar y ha apuntado que en este periodo, la Junta de Andalucía defenderá la validez constitucional del decreto.
Ibáñez se encuentra en Tenerife para participar en unas jornadas informativas sobre el papel de la administración local ante los desahucios.
Ha comentado que además ahora el Gobierno andaluz podrá conocer el contenido del recurso presentado por el Gobierno central ya que, según ha dicho, de él sólo conocen las "pinceladas" que sobre su contenido dio la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
El responsable regional de la Dirección General de Vivienda ha afirmado que la decisión del TC "era más que probable" dado el artículo invocado por el Gobierno central para solicitar la suspensión del decreto, pero ha subrayado que ahora empieza una discusión en el plano jurídico sobre el que la Junta de Andalucía está convencida de que no hay ningún resquicio que ponga en duda la legalidad constitucional del decreto.
Además ha apostillado que la Junta mantendrá la misma línea que hasta ahora y que ha estado acorde, ha dicho, con la defensa de los intereses de los ciudadanos.
En las jornadas con los ayuntamientos canarios, que han tenido lugar antes de conocerse el pronunciamiento del TC, Ibáñez ha defendido la valía social del decreto y ha recordado que hay cien casos en tramitación y que hay 12 ya resueltos.
No ha descartado que Andalucía y Canarias, que ha adoptado medidas similares a las contenidas en el decreto andaluz, hagan un frente común ante la oposición del Gobierno central.
En su opinión, el recurso del Gobierno es un ataque "directo a la soberanía andaluza y a las víctimas de la crisis" y ha señalado que el Gobierno del PP se desentiende de los ciudadanos lo que, en su opinión, demuestra que es "fuerte con el débil y débil con el fuerte" en alusión a las entidades bancarias.
"No vamos a dar un paso atrás y es la línea política que hay que seguir" ha manifestado Ibánez, que ha indicado que el Ejecutivo central ha intentado "torpedear el trabajo que estamos haciendo".
