Al escozor que estos días sienten familiares de republicanos fusilados en Madrid contribuye la agenda municipal. Tras arrancar el día 25 las placas con 1.000 nombres de un monumento en el que fue paredón del cementerio de La Almudena, el Ayuntamiento fija para el día 4 su próximo acto conmemorativo: una placa en la que fue primera tienda de Rodilla, firma de bocadillos que cumple 80 años. El asunto es punto único del orden del día de un pleno extraordinario del Distrito Centro.

Unas paredes de hormigón ya sin nombres se han convertido en rompeolas de las memorias, en un pulso destinado a durar. Mauricio Valiente, exconcejal de Derechos Humanos y Memoria por Izquierda Unida en el anterior consistorio, el de Manuela Carmena, cree que hay hoy más rencor en la ciudad: «Estas actuaciones no dejan buen sabor de boca precisamente».

En Andalucía va a cumplir un año el Gobierno de Juanma Moreno (PP + Cs con apoyo de Vox), y languidece el programa de Memoria Histórica más amplio del país. «Lo dejan morir de inanición», se queja Javier Giráldez, exdirector general de Memoria de la Junta y miembro de la Ejecutiva del PSOE-A.

El monumento de Madrid es coetáneo del que, en Barcelona, recuerda con cientos de nombres los fusilamientos del Camp de la Bota. Pero parece que no se parecerán. El Ayuntamiento madrileño lo quiere común, para franquistas y republicanos fusilados. Y con el rechazo de Valiente: «El paredón de La Almudena no merece una consideración tan ofensiva. Este país no puede basarse en la desmemoria».

El exconcejal del PP e historiador Pedro Corral, que tiene un tío abuelo nacional en Paracuellos, ha hecho llegar al alcalde José Luis Martínez-Almeida una posible solución: «Colocar los nombres en espacios aledaños, uno para 1936-1939 y otro para 1939-1944, en los que se cuente qué les pasó», explica.

«Los nombres son importantes. Todos los asesinados de cualquier bando fueron víctimas; pero unas fueron reparadas y otras no», repone Giráldez. La contramemoria es menos ruidosa en el sur, pero con gestos significativos de lo que él llama «modelo Rajoy», un «ahogo económico continuado». En el gobierno de Moreno no existe ya la Dirección General de Memoria, sustituida por una Dirección de Concordia. Y «de Concordia» es la ley que impulsa Vox para sustituir la de Memoria en Andalucía.

En Madrid, Valiente cree que la influencia de Vox, «no es necesaria, porque el PP de Madrid tiene perfiles de extrema derecha», opina. Fuentes cercanas a la presidencia regional eluden la alusión: «La preocupación de este Gobierno es el futuro, y no remover el pasado. No vamos a entrar en el trapo de un debate estéril que interesa a Podemos y a Vox, porque activa a su electorado».

Memoria desmantelada

En Andalucía lleva un año en el cajón el decreto que permitiría sacar al general golpista Queipo de Llano de la basílica sevillana de La Macarena, y ha parado la Junta la exhumación de fosas, que ahora hacen las diputaciones. Hay 708, de las que 160 han sido intervenidas, y otras 160 están sin localizar. El cambio de signo en la Junta pilló a Andalucía con 50 fosas abiertas «pero en el último año se han realizado cero», recuerda Giráldez.

En Madrid, de las medidas de Carmena que desmantela Martínez-Almeida, una lamenta mucho Valiente: la recogida de testimonios en una Oficina de Atención a Damnificados por Crímenes Franquistas. «Cerrarla fue la segunda decisión del nuevo Gobierno», recuerda el exconcejal. Por convenio con la Universidad Carlos III, la oficina grababa declaraciones orales, muchas para aportarlas a acciones judiciales, y todas para un archivo de la Memoria. Sus cinco funcionarios han sido recolocados.

Pese a su tamaño, Madrid es un pañuelo. Las biografías se cruzan en las bambalinas de la Memoria. El presidente del pleno municipal, concejal del PP Borja Fanjul, es biznieto del general Joaquín Fanjul, uno de los líderes del golpe de 1936 apresado por la República, juzgado y fusilado, cuyo nombre retiró del callejero el gobierno de Carmena en 2017 con votos del PSOE y Cs. En julio de 1936, Francisco Ots, abuelo de Mauricio Valiente, era un funcionario madrileño de Hacienda destinado en Soria. Allí fue detenido, trasladado a Teruel y fusilado por una partida de carlistas. Su cuerpo no ha sido hallado.