El pasado septiembre, el Gobierno se mostró rotundo: no tenía ninguna intención de abrir las criptas del Valle de los Caídos para practicar pruebas de ADN e identificar a algunos de los enterrados en la basílica, un proyecto ideado por el dictador Francisco Franco. El anuncio atañía a la intención de recuperar los cuerpos de nueve republicanos enterrados en el mausoleo.

Sin embargo, según publica esta semana la revista Interviú , cuando el Ejecutivo envió su mensaje ya hacía una semana que un grupo de forenses habían abierto varias de las criptas en las que están enterradas unas 40.000 personas. Las tareas del grupo de forenses se hicieron ante familiares de los nueve republicanos citados, a quienes se instó a mantener la mayor discreción posible y no hacer público nada de lo sucedido.

Extremar el control

Esta petición también se trasladó a los guardias de seguridad que trabajan en el Valle de los Caídos, para que extremaran el control con el fin de evitar que las tumbas y los trabajos fueran fotografiados. Según la revista, los monjes benedictinos que custodian la basílica desconocían la presencia y la labor que estaban llevando a cabo los forenses.

El objetivo del Gobierno al proclamar su intención de no abrir las tumbas y permitir con secretismo que se hiciera en algunos casos es evitar un alud de demandas de familiares. En este sentido, el coste económico que supondría analizar el ADN de todos los enterrados allí resultaría inasumible.