En mayo del 2012, la Policía Nacional desarticuló una red de funcionarios, detectives privados y empresarios que se dedicaba a la compraventa de información confidencial a gran escala en toda España. Un juzgado de Barcelona se encargó de instruir el proceso por la denominada Operación Pitiusa. Este martes se ha celebrado en la Audiencia de la capital catalana el primer juicio por una ramificación de esta trama, que comercializaba datos sanitarios. Quedan pendientes otras cinco causas.

En el banquillo de los acusados se sentaron a las 10 de la mañana de este martes cuatro investigados: tres detectives privados y el dueño de una empresa de seguridad. Nada más empezar la vista, uno de ellos, Jordi A., el principal imputado y para quien se pedía un total de 108 años de prisión, fue exculpado. En el 2014 sufrió varios infartos cerebrales y los forenses han dictaminado que no podía ser sometido a un juicio, ni estaba capacitado para declarar. El fiscal, posteriormente, retiró la acusación contra un segundo detective, Rubén C.

Por lo tanto, el juicio se celebró al final para dos imputados: José C., propietrario de una empresa de seguridad y para quien se reclaman 16 años de cárcel, y Francisco Javier V., un detective que se enfrenta a una petición de 40 años de prisión. El fiscal Emilio Sánchez Ulled ha defendido en su inforeme el “interés general” que hay en la persecución de este tipo de delitos, pues, a su entender, con la comercialización de datos sanitarios “se vulnera una parte de lo más íntimo de una persona: su estado físico y su salud”. La defensa ha solicitado la absolución.

El fiscal sostiene que el principal imputado, Jordi A., que ha sido exculpado por su deterioro físico, se hacía pasar por médico para conseguir, con una llamada de teléfono, que los profesionales sanitarios le facilitaran información confidencial de sus pacientes. La acusación sostiene que este detective vendía esos datos a otros investigadores privados, entre ellos los acusados, y que luego acababan en manos de compañías aseguradoras.

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Con una de esas llamadas, Jordi A., que ha sido defendido hasta su exculpación por el abogado Fernando Martínez, consiguió que un médico de ambulatorio de Sabadell (el facultativo ha declarado en el juicio y ha ratificado la existencia de la llamada) le explicara la situación de un menor de edad que, presuntamente, había sufrido malos tratos por parte de su padre.

Lo mismo ocurre con los expedientes de otros pacientes que fueron hallados en el ordenador de Jordi A. durante los registros, aunque muchos de ellos estaban relacionados con accidentes de tráfico o algún tipo de litigio. En la vista también han testificado algunas de estas personas que han dicho sentirse “perjudicadas” por el hecho de que se conocieran datos de carácter personal.

Las dos personas que finalmente han sido juzgadas como inductores, José C. y Fancisco Javier V., han reconocido ante el tribunal que se pusieron en contacto con el principal investigado, Jordi A, para que les “verificara” una serie de datos sobre determinadas personas, pero han negado que conocieran los métodos que se habían utilizado para conseguirlos.

Los delitos se cometieron entre enero del 2011 y mayo del 2012. Desde su despacho de Vic, Jordi A. “ofrecía de forma habitual a sus clientes la posibilidad de conocer información médica y sociosanitaria”, según el escrito de acusación provisional del fiscal. Por cada expediente, cobraba “entre 200 y 400 euros”.