El fiscal antidroga de Asturias, José Perals, pidió ayer la pena máxima --ocho años de cárcel-- por tráfico de explosivos para Antonio Toro y José Emilio Suárez Trashorras porque, en el 2001, disponían de un "gran depósito" de dinamita que continuaron vendiendo hasta el 2003, tal como consta en el sumario del 11-M. El representante del ministerio público justificó el incremento de la petición de siete a ocho años por la gravedad del supuesto delito de tenencia, depósito y tráfico de explosivos.
El exminero Trashorras y su cuñado, Antonio Toro, se enfrentan además a otra solicitud de pena de 10 años para el primero y 10 años y seis meses para el segundo por tráfico de drogas. Los acusados son dos de los 20 imputados que están siendo juzgados en la Audiencia de Asturias, en Gijón, en el conocido como caso Pipol .
