La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) fue ayer objeto de las críticas más graves recibidas hasta ahora por su papel en el juicio del 11-M. José María Fuster-Fabra, letrado de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo y representante particular de una víctima, acusó a la AVT de haber hecho "un flaco favor a la lucha antiterrorista" con su cuestionamiento de la causa. Manuel Murillo, apoderado de otra víctima, recriminó a la asociación por servir a los intereses del PP con sus alegatos sobre la hipotética autoría etarra, que solo busca, dijo, "separar las imágenes de las Azores de las imágenes terribles de los trenes".
En la sesión número 50 de la vista, los abogados acusadores acabaron la presentación de sus conclusiones y comenzó el turno de las defensas. La intervención de Fuster-Fabra tiene especial relevancia por tratarse de un simpatizante del PP y activista de causas contra ETA. El letrado recalcó al iniciar su intervención que, de haber existido "un solo dato objetivo" contra la banda, él hubiera sido "el primero" en pedir una investigación "hasta las últimas consecuencias".
Fuster-Fabra advirtió de que "meter a ETA donde no está" y "dar pistas a los abogados de ETA sobre cómo poner en tela de juicio informes policiales" perjudica la lucha antiterrorista. E invitó a sus "amigos" Emilio Murcia y Juan Carlos Rodríguez Segura, abogados de la asociación, a "volver a colaborar codo con codo en la lucha contra ETA y la defensa de las víctimas".
Respecto a uno de los argumentos centrales de los teóricos de la conspiración --la falta de identificación del explosivo de la masacre--, Fuster-Fabra sostuvo que ese dato "carece por completo de trascendencia".
Murillo dijo que los intentos por presentar a las fuerzas y cuerpos de seguridad como un "elemento conspirador" suponen el "mayor ataque al Estado de derecho desde 1978". Y anunció acciones legales contra el exdirector general de la policía y eurodiputado del PP Agustín Díaz de Mera, al considerar que sus intentos de "desviar" la investigación hacia la autoría de ETA son un delito de "encubrimiento" de actos islamistas.
LAS DEFENSAS El primer abogado defensor en exponer sus conclusiones fue Andreas Chalaris, apoderado de Rachid Aglif, para quien la fiscalía pide 21 años de prisión por pertenencia a banda terrorista y suministro de explosivos. Chalaris alegó la inocencia de su cliente, de quien dijo que era un "pringao" y no el "lugarteniente" de Jamal Ahmidam, el Chino, uno de los siete terroristas que se inmolaron en Leganés el 3 de abril del 2004. Y rechazó que los procesados por el 11-M y los suicidas de Leganés constituyeran una banda organizada.
