La secretaria de Estado de Educación, FP y Deporte, Montserrat Gomendio, ha destacado hoy el apoyo parlamentario "muy mayoritario" que ha recibido el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) en el Pleno del Senado.
La ley ha sido aprobada por 136 votos a favor del PP y 81 en contra de toda la oposición, con tres abstenciones de UPN.
"Es una de las reformas educativas que más apoyo ha conseguido a lo largo de la tramitación parlamentaria", según ha comentado en conferencia de prensa.
Por eso, la responsable ministerial ha dicho no entender que se diga la ley sale "sólo" con el respaldo del PP, que ha recibido el voto de la mayor parte de la sociedad.
Tiene mayoría absoluta y, por tanto, representa a un ámbito "amplísimo" de la sociedad, también de los profesores, los estudiantes y sus familias, según ha asegurado Gomendio.
"Estamos hablando de un montón de familias que han puesto su confianza en un Gobierno que está trabajando muy duro para salir de una crisis económica muy difícil", ha insistido.
A partir de que el Congreso ratifique la ley, la semana que viene, comienza un recorrido largo de desarrollo del Ministerio y las comunidades "en colaboración", ha explicado.
Según Gomendio, la gestión de la ley ha sido larga, a través de una "amplia participación" en un diálogo "abierto y constructivo" con los sectores de la educación y las comunidades autónomas.
Preguntada por qué se ha tardado tanto en dar una solución para asegurar que los alumnos de Ciencias Sociales del Bachillerato estudien Matemáticas, ha indicado que formaba parte de una negociación con todos los grupos del Senado y que son conversaciones "complejas" y tienen "el tiempo que tienen".
También ha asegurado que los responsables del Ministerio están "tranquilos" porque no creen que la ley origine ningún conflicto competencial, en alusión a que alguna comunidad la vaya a recurrir en el Tribunal Constitucional por este motivo.
Sobre la implantación de la reforma, ha señalado que se decidió ampliarla en un curso, a tres, a petición de las comunidades que tienen "cierta preocupación por el coste" que puede suponer su implementación.
