Atenuado el drama del centenar de migrantes del Open Arms, que permanecen en Lampedusa a la espera de ser reubicados, el Gobierno de Pedro Sánchez viró ayer el foco hacia el barco humanitario con la amenaza directa de sanciones por haber hecho caso omiso a su advertencia, en junio pasado, de que no debía seguir rescatando a personas en las aguas del Mediterráneo. La Moncloa evita por ahora concretar el castigo, pero la multa podría llegar a ser de hasta 901.000 euros, según la carta que el Ministerio de Fomento envió al capitán de la nave cuando decidió zarpar de nuevo en busca de personas a la deriva.
La embarcación, de bandera española, solo cuenta con autorización para proporcionar ayuda humanitaria, pero carece de permiso para navegar ni realizar búsquedas activas en la zona de salvamento y rescate del Mediterráneo central. No obstante, en la misiva remitida el 27 de junio, el director general de la Marina Mercante precisaba a la oenegé que las acciones de salvamento que fueran «de carácter espontáneo u ocasional con motivo de la navegación normal del buque» sí eran legales. Es decir, si durante su trayecto encontraba a personas «en peligro» en el mar, debería asistirlas.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, dejó entrever ayer que se le impondrán sanciones al Open Arms. «Nuestro país es un Estado de derecho y las instituciones, poderes públicos y ciudadanos estamos sometidos todos a las leyes, nadie está a salvo de esto, incluido un barco como este», advirtió en una entrevista en la cadena SER.
El director de Proactiva Open Arms, Òscar Camps, echó mano de la ironía para replicar a la número dos del Gobierno: «A menudo no sé si habla ella de verdad o Salvini es el ventrílocuo». De momento, según el abogado de la oenegé, Jaime Rodrigo de Larrucea, la organización no tiene abierto «el más mínimo procedimiento penal» en contra y la incautación del barco por orden de la fiscalía italiana obedece solo a efectos probatorios.
Diversas oenegés de ayuda a migrantes y refugiados celebraron el desenlace de la crisis y manifestaron su oposición a cualquier tipo de sanción a Proactiva Open Arms porque consideran que esto solo daría «más alas a la extrema derecha» en su estrategia de «criminalización» de estas organizaciones.
La amenaza del Gobierno también fue duramente criticada por la formación con la que Sánchez aspira a desencallar su investidura, Unidas Podemos, que lamentó que «el PSOE no fuera la mitad de duro con Salvini de lo que ha sido con el Open Arms».
El Defensor del Pueblo ha abierto dos actuaciones de oficio para hacer un seguimiento de las gestiones del Ejecutivo ante la «dramática» situación de la nave.
Mientras, PP y Cs han unido fuerzas para reclamar la comparecencia de Sánchez en el Congreso para que explique sus «bandazos» en política migratoria.
