Una buena parte de los miembros del Gobierno comparten, desde la semana pasada, que hay falta de concreción e "imprecisiones" en el auto del juez Eloy Velasco sobre las relaciones de ETA y las FARC alentadas, supuestamente, por la Administración venezolana. Y dado que las conclusiones a las que ha llegado el magistrado de la Audiencia Nacional pueden tensar las relaciones diplomáticas, el Consejo de Ministros decidió el viernes pedir a Velasco que hiciera alguna precisión sobre qué tipo de colaboración pretendía por parte de Venezuela y Cuba, dado que ha abierto un proceso contra seis presuntos etarras y siete miembros de las FARC residentes en ambos países. Lo lógico era pensar que el Ejecutivo haría ese requerimiento al juez antes de enviar el auto de la polémica a los gobiernos de Hugo Chávez y Fidel Castro. Pero no ha sido así, a tenor de las explicaciones públicas que dieron ayer los ministros de Exteriores, Miguel Angel Moratinos, y de Justicia, Francisco Caamaño.

Así, el jefe de la diplomacia española confirmó, a preguntas del PP en el Congreso, que ya había remitido la resolución judicial a Cuba y Venezuela "y exigido a las embajadas españolas plenas actuaciones para la cooperación de sus autoridades". Unas horas después, el titular de Justicia aseguraba a los periodistas que Moratinos "se va a dirigir" al magistrado a fin de que corrija alguna "imprecisión".

Caamaño incidió en que, una vez que el juez haya precisado si pretende solicitar comisiones rogatorias u otro tipo de medidas, su ministerio colaborará "de manera intensa con la autoridad judicial, como hace siempre".

EL PP QUIERE MANO DURA A los populares, por su parte, les sigue pareciendo que la estrategia gubernamental pasa en exceso por darle vueltas al auto del juez (a "deslegitimarlo", según palabras del portavoz del PP de Exteriores, Gustavo de Arístegui), y exigen una reacción más contundente ante el Ejecutivo de Chávez, sobre el que planea la duda de haber dado abrigo a las relaciones ETA-FARC. De hecho, el líder conservador, Mariano Rajoy, se quejó ayer de que se permita que "insultar a España salga gratis", en referencia a Caracas, al tiempo que demandó a Zapatero que convoque al embajador venezolano y "se le entregue una nota verbal, en la que quede constancia de la queja".

Ante el acoso de los populares, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero solicitó una posición "constructiva y razonable" ante temas de Estado de tal calado. Y recalcó que su política respecto a Venezuela se basa en "no dejar ni un solo espacio de apoyo o comprensión a la actividad terrorista, sobre todo a aquella vinculada con ETA", sentenció.