Una menos. Quedan otras cuatro en Valencia, Toledo, Santander y El Ferrol, pero la estatua ecuestre del dictador Francisco Franco que el Ministerio de Defensa retiró ayer de la entrada de la Academia General Militar de Zaragoza era la estatua. Porque desde 1948 desfilaban ante ella todas las promociones de oficiales del Ejército. Y porque hasta no hace mucho, el Rey y las autoridades democráticas presidían cada año la ceremonia de graduación de los cadetes a los pies de la efigie franquista.
La carga simbólica de la estatua ecuestre no es ajena, pues, a la decisión del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, de ordenar su retirada se une que la ley de la memoria histórica que el Gobierno ha presentado al Congreso está bloqueada por sus socios de IU y ERC, que la consideran tibia e incluso "revisionista" y "humillante" para con las víctimas de la dictadura. Según fuentes del Ministerio de Defensa, la retirada de esta estatua fue un compromiso personal del ministro José Antonio Alonso ante una petición del delegado del Gobierno en Aragón, Javier Fernández López. Solicitud que desoyó en su día el exministro José Bono. Las mismas fuentes confirman que no se retirará ningún otro monumento hasta contar con el respaldo de la ley de la memoria ya aprobada.
DE DIA, PERO EN AGOSTO Tras consultar con Zapatero, Alonso encargó al delegado del Gobierno en Aragón que se hiciera en agosto. Se lo comunicó tras una entrega de despachos en la misma Academia de Zaragoza el pasado 7 de julio. Si la otra estatua franquista emblemática --la de Nuevos Ministerios, en Madrid-- fue derribada de madrugada, el Gobierno esta vez eligió hacerlo en un día de agosto para minimizar el impacto de la noticia. La remoción de los símbolos franquistas continúa provocando resquemor en algunos sectores de la sociedad, por cuya boca habló ayer el portavoz del PP en vacaciones, Miguel Arias Cañete.
En rueda de prensa en la sede del partido, el exministro de Agricultura consideró la decisión de Zapatero como un "gesto para contentar a sus electores más radicales de la izquierda" y la enmarcó en una supuesta estrategia de "reescribir la historia" y de "acabar con símbolos" que forman parte de ella. Algo más allá fue el portavoz aragonés del PP, Antonio Suárez, que dijo que la retirada de la estatua obedece a un intento de Zapatero de "alejar la atención pública de aquellos asuntos tan graves que tiene encima de la mesa", hablando de la crisis migratoria y los contactos con ETA.
El PSOE rechazó las críticas, aduciendo que expresan una "nostalgia del pasado que no tiene justificación en el actual sistema democrático y que choca frontalmente con el espíritu constitucional", según el número dos del grupo parlamentario, Julio Villarrubia, que recordó que la retirada del monumento es un acto de "normalidad democrática" que responde a una proposición no de ley aprobada el 9 de febrero del 2005 en la Comisión de Defensa del Congreso, sin la oposición de ningún grupo y con la sola abstención del PP. En lugar de Franco a caballo, ondeará la bandera española hasta que se falle un concurso para instalar un nuevo monumento en homenaje al papel del Ejército dentro del marco constitucional.
El líder de IU, Gaspar Llamazares, se congratuló de la retirada de la estatua y pidió que la futura ley de la memoria establezca "mecanismos legales suficientes" para la desaparición de todos los símbolos de la dictadura, "incluso los de la Iglesia". Al respecto, sus socios de ICV concretaron ayer que a primeros de septiembre presentarán una enmienda a la totalidad para incluir la nulidad de las sentencias del franquismo y el traslado de los restos del dictador del Valle de los Caídos a un panteón familiar. La enmienda se basará en un informe jurídico realizado por el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo.
Como avanzó este diario el miércoles, también ERC presentó ayer su propia enmienda a la totalidad. Su portavoz en el Congreso, Joan Tard , dijo que el proyecto de ley de la memoria "es inconstitucional" porque establece diferencias entre las víctimas. Además, criticó que trate de "blindar algunas responsabilidades", como las del actual senador y fundador del PP, Manuel Fraga, por la muerte de varios trabajadores por disparos de la policía en Vitoria, el 3 de marzo de 1976.
Dos asociaciones militares criticaron la medida. La AUME la consideró "accesoria" y la Asociación de Militares Españoles lamentó que el Gobierno elimine la imagen del "primer director" del centro de instrucción castrense.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, en cambio, celebró el "gesto de reconstrucción democrática".
